El caso de Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, ha vuelto a acaparar la atención mediática tras su reciente solicitud de libertad ante el Tribunal Supremo. La defensa de Cerdán ha presentado un escrito en el que exige su «inmediata puesta en libertad», argumentando que se ha vulnerado su presunción de inocencia. Esta situación se produce después de que el juez Leopoldo Puente decidiera enviar a Cerdán a prisión provisional, considerándolo el presunto cabecilla de una trama corrupta.
La defensa ha enfatizado que no existen pruebas suficientes que justifiquen la medida cautelar de prisión, señalando que esta es «incompatible con la presunción de inocencia». En su escrito, los abogados de Cerdán argumentan que el juez no entendió adecuadamente sus explicaciones sobre las adjudicaciones de obras públicas, lo que ha llevado a una interpretación errónea de los hechos.
En el auto de prisión, el juez Puente argumentó que las obras públicas en cuestión no estaban orientadas al beneficio de los ciudadanos, sino que buscaban obtener beneficios electorales para el PSOE. Sin embargo, la defensa ha replicado que Cerdán se mostró orgulloso de haber reactivado obras en la carretera N-121A en Navarra, una vía que había sido escenario de numerosos accidentes mortales. Según la defensa, desde que se realizaron las obras, no ha habido muertes en esa carretera, lo que contradice la acusación de que su actuación fue motivada por intereses políticos.
La defensa también ha cuestionado la validez de los indicios presentados en su contra, argumentando que el juez ha asumido de manera acrítica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aseguran que no se ha producido un incremento en el patrimonio de Cerdán, lo que, según ellos, desmantela la tesis delictiva que se ha planteado en su contra.
Además, los abogados de Cerdán han planteado la posibilidad de que su encarcelamiento tenga como objetivo forzar una confesión. Hacen referencia a un caso anterior en el que un investigado fue encarcelado y posteriormente liberado tras confesar su participación en delitos. La defensa se pregunta si la medida de prisión provisional se ha solicitado con la intención de provocar una confesión similar de Cerdán.
Por otro lado, también han surgido dudas sobre la autenticidad de los audios que implican a Cerdán, así como sobre la cadena de custodia de estas pruebas. La defensa sostiene que hay razones para dudar de la integridad de las grabaciones y que esto podría afectar la validez de las pruebas en su contra.
El caso de Cerdán ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial, con reacciones de diferentes sectores. Mientras tanto, el Partido Popular ha registrado un nuevo escrito dirigido a la presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, solicitando la paralización del pago de una indemnización de 19.000 euros que Cerdán había solicitado como parte de su defensa.
Este desarrollo en el caso de Santos Cerdán pone de manifiesto las tensiones entre la justicia y la política en España, así como las complejidades que rodean a los casos de corrupción. La defensa de Cerdán continúa trabajando para demostrar su inocencia y cuestionar las decisiones judiciales que han llevado a su encarcelamiento, mientras el caso sigue siendo objeto de atención mediática y pública.
