El 1 de julio de 2025 marca un hito importante en la regulación del alquiler turístico en España, con la entrada en vigor del Registro Único del Alquiler de Corta Duración. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda, tiene como objetivo controlar el alquiler turístico y de temporada, que ha crecido de manera descontrolada en los últimos años. Con sanciones que pueden alcanzar hasta medio millón de euros, el nuevo sistema busca garantizar la legalidad y transparencia en el sector.
La Ventanilla Única Digital, que se lanzó el pasado 2 de enero, ha recibido un total de 215.438 solicitudes de registro. De estas, 94.209 han sido activadas de forma definitiva, mientras que 102.732 están en estado provisional y 15.575 han sido revocadas. Sin embargo, a pesar de estas cifras, solo el 46% de las viviendas anunciadas en plataformas como Airbnb o Booking cuentan con un número de registro, lo que indica que muchos propietarios aún no han regularizado su situación. En ciudades como Madrid, este porcentaje se reduce drásticamente al 9,8%.
### Proceso de Registro y Requisitos
El nuevo sistema, regulado por el Real Decreto 1312/2024 y el Reglamento europeo 2024/1028, establece que cualquier vivienda que se alquile por estancias cortas debe obtener un código identificativo. Este requisito abarca no solo viviendas completas, sino también habitaciones y fincas gestionadas a través de plataformas digitales que permiten el pago a distancia. Sin embargo, se excluyen de esta normativa los hoteles, albergues, campings y estancias de larga duración que no se gestionen mediante plataformas.
Para obtener el código de registro único, los propietarios pueden realizar el trámite de manera telemática o presencial a través de la Sede Electrónica del Colegio de Registradores o del Registro de la Propiedad. Los documentos necesarios incluyen la referencia catastral del inmueble, la dirección, el tipo de alquiler, el número máximo de huéspedes y las autorizaciones autonómicas pertinentes. Una vez presentada la solicitud, el solicitante recibe un código provisional que le permite anunciar su vivienda mientras se revisa la documentación. En un plazo máximo de 15 días, este código puede convertirse en definitivo o ser revocado si se detectan irregularidades.
El interés por regularizar las viviendas ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, con un crecimiento del 165% en el número de solicitudes en junio en comparación con el mes anterior. Actualmente, más de 100.000 viviendas ya cuentan con un número de registro válido, lo que refleja un cambio en la actitud de los propietarios hacia la legalización de sus alquileres.
### Sanciones y Consecuencias por Incumplimiento
Las sanciones por incumplimiento de esta nueva normativa son severas. Las plataformas de alquiler tienen un plazo de 48 horas para retirar cualquier anuncio que no incluya el código de registro tras recibir una notificación del Ministerio de Vivienda. Las multas pueden oscilar entre 500.000 y 600.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma y la gravedad de la infracción. Además, las plataformas están obligadas a enviar un informe mensual al Ministerio con los datos de sus alojamientos y los números de registro asociados.
La implementación de este registro tiene como objetivo frenar el alquiler ilegal, combatir la economía sumergida y mejorar la transparencia del sector. Según el Ministerio de Vivienda, esta medida también busca proteger el acceso a la vivienda de los residentes, especialmente en áreas donde el turismo masivo ha generado tensiones en el mercado inmobiliario.
Las comunidades costeras son las que más solicitudes han tramitado, siendo Andalucía la región con el mayor número de registros, alcanzando las 49.397, de las cuales 27.936 se encuentran en Málaga. Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana también se encuentran entre las regiones con un alto volumen de solicitudes, agrupando más del 82% del total.
Desde el 1 de julio, todos los anuncios de alquiler de corta duración deben incluir su número de registro. Aquellos propietarios que aún no lo tengan deben iniciar el trámite lo antes posible si desean continuar operando legalmente. Esta nueva regulación no solo representa un paso administrativo, sino que se considera una herramienta clave para garantizar un mercado más justo, transparente y accesible para todos los ciudadanos.
