Desde el 1 de julio de 2025, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en implementar un registro obligatorio para los alquileres turísticos y de temporada. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Vivienda, busca regular el sector de los alojamientos de corta duración y combatir el alquiler ilegal que afecta a muchas comunidades. La normativa establece que todos los alojamientos que operen en plataformas en línea deben contar con un Número de Registro del Alquiler, que se obtiene a través de un proceso de registro digital.
El sistema de registro comenzó a funcionar el 2 de enero de 2025, y desde entonces se han recibido más de 215,000 solicitudes. De estas, 94,209 han sido aprobadas de manera definitiva, mientras que 102,732 están en estado provisional y 18,497 han sido revocadas. Este crecimiento en el registro es notable, ya que solo en el último mes se han presentado más de 134,000 nuevas solicitudes, lo que representa un aumento del 165.73% en comparación con el mes anterior.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado la importancia de esta regulación para frenar el crecimiento de los pisos turísticos ilegales, que han contribuido a la crisis de vivienda en muchas ciudades. La normativa no solo busca proteger a las familias que viven en estas áreas, sino también garantizar que los alquileres de temporada no se utilicen para especular con los precios de la vivienda.
De las solicitudes registradas, el 78.87% corresponde a alquileres turísticos, mientras que el 21.13% son para alquileres de temporada. Las comunidades autónomas más activas en el registro de alquileres turísticos son Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que juntas concentran más del 82% de las solicitudes activas.
Andalucía lidera el registro con 49,397 solicitudes, de las cuales 27,936 son de Málaga. En Canarias, Gran Canaria y Tenerife han registrado 30,060 solicitudes en total. Cataluña también muestra cifras significativas, con 27,818 solicitudes, siendo Barcelona la provincia con más registros. En la Comunidad Valenciana, Alicante es la más activa con 14,515 solicitudes.
El registro se realiza a través de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que permite la transmisión electrónica de datos entre las plataformas de alquiler y las autoridades competentes. Para obtener el número de registro, los propietarios deben presentar información sobre el uso que se dará a la vivienda, así como cualquier licencia necesaria para operar como alojamiento turístico.
Una vez que se presenta la solicitud, se otorga un número provisional que permite operar en plataformas en línea. Este número se convierte en definitivo una vez que se verifica que se cumplen todos los requisitos establecidos. En caso de que no se cumplan las condiciones, el registro puede ser revocado.
Además de esta regulación, el Consejo de Ministros ha aprobado la transferencia de más de 40,000 viviendas de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) a la Empresa Estatal de Vivienda, con el objetivo de destinarlas al alquiler social. Esta medida busca movilizar más de 180,000 alquileres sociales en los próximos años, de los cuales 50,000 provendrán de la Sareb. La operación tiene un valor estimado de 5,900 millones de euros y se espera que ayude a abordar la crisis de vivienda en el país.
El Gobierno también ha habilitado 593 millones de euros para adecuar estas viviendas, lo que representa un paso importante hacia la creación de un parque público de vivienda asequible. La ministra Rodríguez ha enfatizado que esta acción no solo busca reparar las secuelas de la crisis financiera anterior, sino también ofrecer soluciones habitacionales a las familias que más lo necesitan.
Con estas iniciativas, España se posiciona a la vanguardia en la regulación de los alquileres turísticos en Europa, buscando un equilibrio entre el turismo y el derecho a la vivienda de sus ciudadanos.
