La Audiencia Nacional ha tomado medidas significativas en relación con la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien ha sido citada como imputada por el juez Ismael Moreno. Esta decisión se produce en el contexto de una investigación que involucra la contratación de Jessica Rodríguez, ex pareja del político José Luis Ábalos, en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec. La imputación se basa en acusaciones de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
El juez Moreno ha programado la comparecencia de Pardo de Vera para el próximo 29 de mayo, tras recibir el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación se centra en la supuesta participación de Pardo de Vera en la contratación irregular de Rodríguez, quien, según documentos presentados ante el Tribunal Supremo, no habría desempeñado ninguna actividad laboral durante su tiempo en ambas empresas, a pesar de recibir salarios durante aproximadamente dos años y medio.
Los antecedentes de este caso se relacionan con la trama de mascarillas conocida como ‘caso Koldo’, que está siendo investigada por el Tribunal Supremo. El magistrado Leopoldo Puente, encargado de esta investigación, ha solicitado la imputación de Pardo de Vera, lo que ha llevado a la citación de testigos clave, incluidos responsables de Ineco y Adif, para el 24 de junio.
En su auto, el juez Moreno destaca que la documentación presentada sugiere que Pardo de Vera tuvo un papel decisivo en la contratación de Rodríguez, quien fue adscrita a su presidencia en Adif. A pesar de estar contratada, Rodríguez declaró que no realizó ninguna actividad laboral en las empresas, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de su contratación.
El juez ha señalado que los hechos podrían constituir delitos de malversación de caudales públicos, dado el posible perjuicio al patrimonio público, así como tráfico de influencias. Para esclarecer estos puntos, se considera esencial la declaración de los testigos citados, quienes podrían aportar información relevante sobre el proceso de contratación de Rodríguez.
Este caso ha suscitado un gran interés mediático y político, dado el contexto en el que se desarrolla y las implicaciones que podría tener para la reputación de los involucrados, así como para la administración pública en general. La situación se complica aún más por la conexión de Rodríguez con Ábalos, quien ha sido una figura prominente en la política española.
La investigación continúa en curso, y se espera que las declaraciones de los testigos y la comparecencia de Pardo de Vera arrojen más luz sobre las circunstancias que rodean estas contrataciones. La atención se centra ahora en cómo se desarrollará el proceso judicial y qué consecuencias podría tener para los implicados, así como para la percepción pública de la gestión de Adif y las prácticas de contratación en el sector público.
