El debate sobre la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional se encuentra en una fase crítica, con la inminente deliberación programada para mediados de junio. Fuentes cercanas al tribunal han confirmado que el borrador de la sentencia ya está preparado, aunque la falta de transparencia en el manejo del calendario por parte del presidente Cándido Conde-Pumpido ha generado inquietud entre los magistrados conservadores. Uno de ellos ha expresado su descontento, señalando que la opacidad afecta incluso a los propios miembros del tribunal.
La ley de amnistía, que busca perdonar a los líderes del procés, ha sido objeto de múltiples recursos de inconstitucionalidad, convirtiéndose en la norma más impugnada en la historia reciente del Tribunal Constitucional. Al menos tres magistrados del sector conservador han solicitado que se pause la tramitación de la sentencia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo. Este sector teme que la ley no se ajuste a los principios del derecho comunitario, que tiene primacía sobre las legislaciones nacionales.
A pesar de las solicitudes de paralización, Conde-Pumpido ha decidido avanzar con la tramitación de los recursos. La ley de amnistía ha sido objeto de 16 recursos de inconstitucionalidad y cuatro cuestiones prejudiciales, presentadas por diversas instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Supremo. Este contexto ha llevado a un aumento en las recusaciones de magistrados, con un total de 27 solicitudes para apartar a varios miembros del tribunal de la deliberación.
De los 12 magistrados que componen el Pleno, solo 10 participarán en el debate. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha apartado voluntariamente, argumentando que no puede ofrecer una imagen imparcial, dado que durante su mandato se pronunció en contra de la amnistía. Por otro lado, el magistrado José María Macías ha sido recusado debido a su historial de informes en contra de la norma. A pesar de las recusaciones, el Pleno ha decidido no apartar a Conde-Pumpido ni a la magistrada Laura Díez, quien también ha sido objeto de recusaciones.
La ley de amnistía, aprobada en el Congreso hace menos de un año, ha generado un intenso debate en la sociedad española. La estrategia del tribunal es comenzar resolviendo el recurso presentado por el Partido Popular, que es el más extenso y abarca la mayoría de las objeciones planteadas por otros recursos. La vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, ha sido designada para elaborar la ponencia que abordará este recurso, lo que podría establecer un precedente para las futuras sentencias relacionadas con la amnistía.
El presidente Conde-Pumpido ha manifestado su intención de acelerar la tramitación de los recursos, considerándola su «principal prioridad». La deliberación sobre la ley de amnistía no solo es crucial para el futuro de los líderes del procés, sino que también podría tener implicaciones significativas para el sistema judicial español y su relación con el derecho europeo. La presión sobre el tribunal es palpable, y la forma en que se maneje este caso podría sentar un precedente para futuras decisiones sobre normas controvertidas en el país.
