En un contexto de creciente preocupación por la eficiencia del sistema ferroviario español, el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha sido objeto de críticas por el elevado gasto en personal de confianza. En 2024, se destinaron más de un millón de euros a asesores especiales, todos ellos seleccionados sin concurso público y con la categoría más alta del escalafón administrativo. Esta situación ha generado un debate sobre la transparencia y la gestión de recursos en uno de los ministerios con mayor presupuesto del Estado.
El gasto en asesores ha sido particularmente llamativo en un año marcado por múltiples fallos en el sistema ferroviario, incluyendo el colapso del AVE y más de 1.000 incidentes en la red de Cercanías en Madrid. A pesar de la crisis en el transporte, el ministerio no ha escatimado en gastos, destinando 858.379 euros a las nóminas de estos asesores, cifra que se incrementa al sumar las cotizaciones a la Seguridad Social, superando así el millón de euros anuales solo en este concepto.
### La Estructura de Personal del Ministerio
La estructura del Ministerio de Transportes incluye 14 asesores especiales que dependen directamente del ministro. Este grupo, que ha sido apodado como una «guardia pretoriana», ha sido seleccionado de manera discrecional, lo que ha suscitado dudas sobre la transparencia en el proceso de contratación. La mayoría de estos asesores fueron ratificados o mantenidos por el actual ministro, aunque algunos provienen de su círculo cercano en Valladolid o de su entorno político.
La falta de coincidencia entre las designaciones y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) publicada por el Gobierno sugiere una opacidad administrativa que podría dificultar el control del personal eventual. En total, el ministerio gestiona un presupuesto de 21.273 millones de euros, y a pesar de contar con una estructura de personal que consume más de 3,7 millones anuales, los resultados en la red ferroviaria han sido decepcionantes.
La situación se complica aún más al recordar que el legado de su predecesor, José Luis Ábalos, está marcado por la trama de corrupción Koldo, que aún está bajo investigación judicial. Algunos de los asesores que cobraron sumas significativas de dinero público sin una función clara conocida permanecen en la estructura actual, lo que añade un nivel de complejidad y desconfianza hacia la gestión actual.
### Críticas y Demandas de Transparencia
La falta de resultados visibles en la red ferroviaria, junto con el creciente gasto en personal de confianza, ha avivado las críticas tanto de la oposición parlamentaria como de sindicatos y asociaciones de usuarios. A pesar de que la contratación de personal eventual está amparada por la ley, los criterios de transparencia y buen gobierno exigen que se publiquen las retribuciones y perfiles de los asesores. Sin embargo, el ministerio ha argumentado que la elaboración de estos datos «requiere de una reelaboración», lo que ha sido interpretado como una evasiva ante una cuestión de interés público.
Las críticas se intensifican en un momento en que el sistema ferroviario español enfrenta serios desafíos. Con el reciente colapso del AVE y los problemas recurrentes en la red de Cercanías, muchos se preguntan si el gasto en asesores es realmente justificado. La percepción de que el dinero público se destina a personal de confianza en lugar de a mejorar la infraestructura y el servicio ha generado un descontento generalizado entre los ciudadanos.
En este contexto, la gestión de Óscar Puente se encuentra bajo un intenso escrutinio. La combinación de un elevado gasto en asesores y la ineficiencia del sistema ferroviario plantea serias preguntas sobre la capacidad del ministerio para cumplir con sus responsabilidades. La falta de transparencia en la contratación y el uso de recursos públicos podría tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia el gobierno y sus instituciones.
La situación actual del Ministerio de Transportes es un claro ejemplo de cómo la gestión ineficaz y la falta de rendición de cuentas pueden afectar no solo a la administración pública, sino también a la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. A medida que se intensifican las críticas y las demandas de transparencia, será crucial observar cómo el ministerio responde a estas preocupaciones y si se implementan cambios significativos en su estructura y funcionamiento.
