La Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido archivar las querellas presentadas por Vox, Hazteoir.org e Iustitia Europa contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas querellas acusaban a Sánchez de prevaricación y malversación por supuestamente utilizar la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Juan Carlos Peinado, quien lo había citado como testigo en un caso relacionado con su esposa, Begoña Gómez.
Las acusaciones se centraban en la utilización de la Abogacía del Estado para ejercer acciones penales en nombre del presidente, lo que, según los demandantes, constituía un uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha determinado que los hechos no presentan apariencia de delito, lo que ha llevado al archivo de las querellas.
El auto del Supremo explica que las querellas coincidían en considerar delictiva la acción de la Abogacía del Estado, pero el tribunal ha señalado que la mera interposición de una querella no puede ser considerada un delito de prevaricación. Además, se ha enfatizado que no se valorará la viabilidad o la fortaleza de la argumentación presentada en la querella, sino que se examinarán los intereses que justifican la legitimación de la Abogacía del Estado para actuar en este caso.
Los magistrados han indicado que, aunque la decisión de interponer la querella puede ser discutible desde un punto de vista jurídico, no es groseramente ilegal ni se ha adoptado con desdén hacia el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el delito de malversación también decae, ya que no se puede afirmar que la actuación de la Abogacía del Estado haya sido contraria al ordenamiento de manera clara.
El Tribunal Supremo ha recordado que la defensa de la Presidencia del Gobierno frente a lo que se consideraba una merma de las condiciones y garantías de su estatus por parte de un miembro de otro poder no es un enfoque arbitrario. Así, el tribunal ha concluido que la decisión de la Abogacía del Estado de actuar en este caso no puede ser tachada de irracional o disparatada.
Este fallo se produce en un contexto político tenso, donde las acciones del Gobierno y sus decisiones judiciales son objeto de intenso escrutinio. La decisión del Tribunal Supremo de archivar las querellas podría tener implicaciones significativas para la percepción pública de la gestión de Sánchez y su administración, así como para la relación entre el Ejecutivo y el poder judicial.
Las querellas, además de dirigirse contra Sánchez, también incluían al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al Abogado General del Estado, David Vilas Álvarez. La resolución del Supremo se considera un respaldo a la actuación del Gobierno en este caso, aunque también ha suscitado críticas por parte de los partidos opositores que han cuestionado la legitimidad de la utilización de la Abogacía del Estado en este contexto.
El archivo de estas querellas no solo pone fin a un capítulo judicial para Sánchez, sino que también plantea preguntas sobre el uso de recursos públicos en acciones legales y la separación de poderes en el sistema político español. A medida que el debate sobre la justicia y la política continúa, este caso podría ser un punto de referencia para futuras discusiones sobre la responsabilidad y la ética en la administración pública.
En resumen, el Tribunal Supremo ha decidido archivar las querellas contra Pedro Sánchez, argumentando que no hay indicios suficientes de delito en su actuación. Esta decisión podría influir en el clima político actual y en la percepción de la gestión del Gobierno en relación con la justicia y la legalidad.
