La situación en la Policía Local de Granada ha alcanzado un punto crítico, marcado por tensiones entre los sindicatos y el gobierno municipal. La alcaldesa Marifrán Carazo, del Partido Popular, se enfrenta a un conflicto laboral que ha llevado a la plantilla policial a organizar protestas en respuesta a la imposición de un modelo de turnos que no ha sido bien recibido. Este descontento ha sido palpable en las recientes asambleas, donde la participación de los agentes ha sido notable, reflejando un deseo de unidad y acción colectiva.
### La Resistencia de la Plantilla Policial
Desde mediados de marzo, la Policía Local ha estado en pie de guerra. En una asamblea general, cerca de 300 agentes decidieron no prestar servicios extraordinarios fuera de su cuadrante laboral, una decisión que buscaba evidenciar su descontento con la gestión actual. Esta movilización se intensificó cuando la alcaldesa firmó un decreto que obligaba a 49 policías a trabajar en la Carrera del Padre Marcelino, un evento que no estaba contemplado en su horario habitual. La respuesta de la plantilla fue clara: no hubo voluntarios para cubrir el servicio, lo que llevó a Carazo a emitir un segundo decreto, esta vez obligando a 339 agentes a trabajar durante la Semana Santa.
El descontento se ha visto agravado por la percepción de que el gobierno municipal no está cumpliendo con los acuerdos previamente establecidos. La falta de comunicación y la imposición de decisiones unilaterales han llevado a un clima de tensión que ha puesto en jaque la unidad de la plantilla. Los sindicatos CSIF y Sip-An han expresado su rechazo a la forma en que se han manejado las votaciones dentro de los sindicatos, argumentando que no representan a la totalidad de los agentes.
### La Fragmentación Sindical y sus Consecuencias
Recientemente, el sindicato SIPLG, que hasta ahora había sido el mayoritario en la Policía Local, anunció que se desmarcaba de las protestas y que sus afiliados volverían a prestar servicios extraordinarios. Esta decisión ha generado un gran malestar entre los otros sindicatos, que consideran que esta maniobra es una forma de debilitar la unidad sindical y de ignorar la voz de la mayoría de la plantilla.
La votación que llevó a esta decisión fue criticada por CSIF, que argumentó que con solo 95 votos a favor de un acuerdo que afecta a 480 agentes, no se puede considerar que se ha alcanzado un consenso real. Este tipo de decisiones, tomadas en asambleas restringidas a afiliados, han sido vistas como un intento de eludir la participación de la totalidad de la plantilla, lo que ha llevado a una mayor desconfianza entre los agentes.
La situación se complica aún más con la rotación en la Jefatura de la Policía Local, tras la destitución de José Manuel Jiménez Avilés por una investigación relacionada con amaños en oposiciones. La nueva dirección, que incluye a Juan José Martínez Jiménez, ha sido vista con recelo por algunos sectores de la plantilla, que temen que esta cercanía con el SIPLG influya en la toma de decisiones y en la representación de los intereses de los agentes.
El conflicto laboral en la Policía Local de Granada no solo afecta a la operativa diaria de la institución, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión del gobierno municipal y su capacidad para resolver disputas laborales de manera efectiva. Los sindicatos han dejado claro que continuarán luchando por los derechos de los agentes y que no se detendrán ante la presión del gobierno para aceptar condiciones que consideran injustas.
A medida que se acercan eventos importantes como la Media Maratón de Granada, la presión sobre la alcaldesa para emitir nuevos decretos que obliguen a los agentes a trabajar se intensifica. La situación es tensa y la incertidumbre sobre cómo se desarrollarán los próximos días es palpable. Los sindicatos han advertido que continuarán denunciando cualquier vulneración de derechos y que están dispuestos a llevar el conflicto a instancias legales si es necesario.
La crisis en la Policía Local de Granada es un reflejo de un problema más amplio en el ámbito laboral, donde la falta de diálogo y la imposición de decisiones pueden llevar a un deterioro de las relaciones laborales y a un clima de desconfianza. La respuesta de los sindicatos y la capacidad del gobierno municipal para gestionar esta crisis serán determinantes en el futuro de la Policía Local y en la percepción pública de su eficacia y compromiso con los derechos de sus trabajadores.
