La reciente tragedia en la mina de Cerredo, ubicada en Degaña, Asturias, ha tenido repercusiones políticas significativas, resultando en la dimisión de Belarmina Díaz, quien hasta ahora ocupaba el cargo de consejera de Industria del Gobierno asturiano. Este suceso, que tuvo lugar el 31 de marzo, dejó un saldo trágico de cinco trabajadores fallecidos y cuatro heridos, lo que ha desatado un intenso debate sobre la seguridad en las minas de la región.
Durante su comparecencia ante la Junta General del Principado, Díaz anunció su renuncia en un contexto marcado por la presión política y las críticas hacia la gestión del accidente. La consejera, que asumió el cargo hace aproximadamente dos meses, se vio obligada a tomar esta decisión tras un debate en el que los grupos parlamentarios expresaron su descontento con los mecanismos de control gubernamental en la industria minera.
En su exposición inicial, Díaz se centró en los detalles del accidente y los procedimientos administrativos relacionados con la explotación minera. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, y varios miembros de la oposición cuestionaron la eficacia de las medidas de seguridad implementadas en la mina de Cerredo. La consejera, visiblemente afectada, defendió su gestión y acusó a partidos como el PP y Vox de utilizar la tragedia con fines políticos, afirmando que su interés no era esclarecer las causas del accidente, sino atacarla personalmente.
Las investigaciones sobre el accidente han revelado irregularidades preocupantes. Según informes, varios empleados de la mina habían presentado síntomas de intoxicación por gas en los días previos a la explosión. Inspecciones realizadas por el Principado de Asturias encontraron indicios de prácticas irregulares en la mina, incluyendo la existencia de cavidades no autorizadas en el tercer nivel de la explotación, donde ocurrió la explosión de grisú que causó las muertes.
Díaz, en sus declaraciones finales, hizo un llamado a la necesidad de investigar a fondo las causas del accidente y buscar justicia para las víctimas. Agradeció al presidente Adrián Barbón por su confianza, pero enfatizó que su objetivo siempre había sido trabajar por la seguridad y el bienestar de los asturianos. La consejera también reveló que había intentado establecer un diálogo con el líder del PP, Álvaro Queipo, pero no recibió respuesta a su propuesta.
La dimisión de Díaz ha generado un debate más amplio sobre la seguridad en las minas de Asturias y la responsabilidad del Gobierno en la supervisión de estas actividades. La explosión en Cerredo ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar los protocolos de seguridad y garantizar que se implementen medidas adecuadas para proteger a los trabajadores en el sector minero.
Las investigaciones continúan, y se espera que se tomen medidas adicionales para abordar las deficiencias en la regulación y supervisión de la industria minera en la región. Este trágico suceso no solo ha costado vidas, sino que también ha dejado una huella política que podría tener repercusiones a largo plazo en la gestión del Gobierno asturiano y en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
