La reciente guerra comercial desatada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a tener repercusiones significativas no solo en las grandes empresas, sino también en el sector de los autónomos en España. Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), alrededor de 200,000 trabajadores por cuenta propia se verán afectados directamente por los aranceles impuestos por Estados Unidos, lo que ha llevado a esta organización a solicitar al Gobierno español que incluya a los autónomos en las ayudas económicas que se están implementando para mitigar los efectos de esta crisis.
La imposición de aranceles ha impactado de manera especial a sectores como la agricultura, el transporte, la industria manufacturera, la construcción y las actividades profesionales científicas y técnicas. Estos sectores, que dependen en gran medida de la exportación y el comercio internacional, están sintiendo el peso de las restricciones comerciales, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchos pequeños negocios.
UPTA ha señalado que las grandes empresas cuentan con recursos y mecanismos de apoyo que les permiten afrontar mejor la crisis, mientras que los autónomos, en su mayoría personas físicas, carecen de medidas directas que les ayuden a mitigar los efectos adversos de los aranceles. Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha denunciado que la falta de apoyo específico para este colectivo puede llevar a muchos autónomos a una situación de insolvencia, afectando no solo su actividad económica, sino también su estabilidad personal y familiar.
En este contexto, UPTA ha exigido al Gobierno que modifique el real decreto de ayudas, que actualmente solo beneficia a empresas y trabajadores que se ven directamente afectados por la guerra de aranceles. La organización ha solicitado que se incluya a los autónomos en estas ayudas, ya que su capacidad para afrontar la crisis se ve considerablemente reducida sin el respaldo adecuado.
Además de la inclusión en las ayudas, UPTA ha propuesto la implementación de un cese de actividad extraordinario, similar al que se activó durante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Este mecanismo se ha convertido en una herramienta esencial para proteger a los autónomos en situaciones de crisis, y su activación podría proporcionar un alivio temporal a aquellos que se encuentren en dificultades económicas debido a la guerra comercial.
La organización también ha solicitado que se faciliten líneas de financiación específicas para autónomos, así como la posibilidad de diversificar sus mercados de exportación. Estas medidas, según UPTA, son fundamentales para garantizar que los autónomos puedan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y mantener sus negocios a flote.
Abad ha enfatizado que las medidas que se implementen deben ser específicas y dirigidas a aquellos autónomos o empresas que se vean afectados directa o indirectamente por la crisis arancelaria. Además, ha subrayado la importancia de que la concesión de ayudas se realice con rigor, pero sin ralentizar su tramitación, para que estas sean efectivas y lleguen a quienes realmente las necesitan.
La situación actual plantea un desafío significativo para los autónomos en España, quienes deben enfrentarse a un entorno económico incierto y a la presión de los aranceles impuestos por Estados Unidos. La falta de apoyo gubernamental podría llevar a muchos a cerrar sus negocios, lo que no solo afectaría a los trabajadores autónomos, sino también a la economía en general, dado que este colectivo representa una parte importante del tejido empresarial del país.
En resumen, la guerra comercial y los aranceles impuestos por Estados Unidos están generando un impacto negativo en el sector de los autónomos en España. La UPTA ha hecho un llamado al Gobierno para que actúe con rapidez y eficacia, implementando medidas que protejan a este colectivo y les permitan continuar con su actividad económica en un contexto cada vez más complicado. La inclusión de los autónomos en las ayudas y la activación de mecanismos de protección son pasos necesarios para garantizar su supervivencia y la estabilidad económica del país.
