La concejala del PSOE en Motril, Gádor Domínguez, ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno municipal para exigir a la Junta de Andalucía que detenga la supresión de unidades en la escuela pública. Esta iniciativa surge en el contexto del proceso de escolarización que se ha iniciado en marzo y busca revertir los recortes que han afectado al sistema educativo en los últimos años.
Domínguez ha destacado que durante los seis años de mandato del actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, se han cerrado más de 2.400 aulas en el sistema educativo público andaluz, de las cuales más de 300 corresponden a la provincia de Granada. La concejala ha calificado esta situación como un «proceso deliberado de desmantelamiento progresivo de la escuela pública», argumentando que la disminución de la natalidad no debería ser utilizada como excusa para vaciar las aulas públicas y favorecer a la enseñanza concertada.
La portavoz socialista ha denunciado que, mientras se cierran unidades en la educación pública, las líneas en los centros concertados se mantienen e incluso se incrementan, a pesar de la menor demanda. Esta tendencia, según Domínguez, representa un «trasvase encubierto de recursos públicos hacia el sector privado-concertado», lo que pone en riesgo la equidad y la cohesión social que la educación pública garantiza.
Domínguez ha alertado sobre las consecuencias prácticas de estos recortes, que incluyen la reubicación del alumnado en centros lejanos a sus domicilios, aulas masificadas y una disminución en la atención individualizada. «Esta política no solo empeora la calidad educativa, sino que también vulnera principios fundamentales como la inclusión y la igualdad de oportunidades», ha afirmado.
La concejala ha enfatizado que la escuela pública es un pilar fundamental para garantizar una ciudadanía crítica y formada en valores democráticos. En su opinión, este modelo educativo es esencial para la convivencia de alumnos de diferentes orígenes sociales, culturales y religiosos. «Si renunciamos a este modelo, estamos fomentando la segregación temprana del alumnado y creando guetos educativos», ha advertido.
La moción que el PSOE presentará en el pleno incluye varias demandas clave. En primer lugar, se exige a la Junta que revierta los recortes realizados en los últimos seis años y que, en el actual proceso de escolarización, no se cierre ninguna unidad pública más. Además, se solicita que aquellas unidades que se consideren «no rentables» desde una perspectiva numérica se utilicen para reducir progresivamente la ratio por aula, lo que beneficiaría directamente al alumnado.
Otro aspecto importante de la moción es la necesidad de una planificación educativa que se base en criterios pedagógicos y sociales, en lugar de meros cálculos de eficiencia económica. Domínguez ha subrayado que esta planificación debe realizarse con la participación activa de la comunidad educativa, asegurando que las decisiones se tomen de manera inclusiva y representativa.
La concejala ha sido especialmente crítica con el modelo neoliberal que, según ella, la Junta está imponiendo en la educación. Este modelo, que promueve la competencia entre centros educativos por atraer alumnos, es considerado por Domínguez como «profundamente injusto y contraproducente para el interés general». Ha instado al Gobierno andaluz a dejar de gestionar la educación como un negocio y a tratarla como un derecho fundamental.
La situación actual del sistema educativo en Andalucía ha generado un amplio debate entre diferentes sectores de la sociedad. Organizaciones sindicales como CCOO y USTEA han expresado su preocupación por el cierre de unidades en la educación pública y han respaldado las demandas del PSOE. La defensa de la educación pública se ha convertido en un tema central en la agenda política, especialmente en un contexto donde la equidad y la calidad educativa son más necesarias que nunca.
El PSOE de Motril espera que su moción sea respaldada por otros grupos políticos en el pleno, con el objetivo de unir fuerzas en la defensa de la educación pública y garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su situación económica o social.
