La sanidad pública en Andalucía ha estado en el centro del debate político y social en los últimos años, especialmente desde que el Partido Popular asumió el gobierno. Un informe reciente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha puesto de manifiesto un alarmante aumento en la privatización del sistema sanitario andaluz, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos y profesionales de la salud. Este artículo explora las implicaciones de esta tendencia y los factores que la impulsan, así como las consecuencias para la población.
**Aumento de la Privatización Sanitaria en Andalucía**
Desde 2019, Andalucía ha experimentado un incremento del 32% en su nivel de privatización, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas que más han intensificado la transferencia de recursos públicos al sector privado. Este fenómeno no es aislado, ya que otras comunidades también están avanzando hacia modelos más privatizados, pero la velocidad con la que Andalucía lo está haciendo es motivo de alarma. Según el informe de la FADSP, el índice de privatización en Andalucía ha alcanzado los 23 puntos sobre 34, superando la media nacional de 21,3 puntos.
La privatización se manifiesta a través de la expansión de conciertos con centros privados, la externalización de servicios y el aumento del aseguramiento privado. Estos cambios han sido impulsados, en gran medida, por el deterioro de la atención pública, que se traduce en falta de personal, saturación de listas de espera y desinversión estructural. En este contexto, la crisis de la sanidad pública andaluza se ha convertido en un argumento para justificar su desmantelamiento.
Los responsables políticos suelen presentar la privatización como una forma de colaboración público-privada, pero la FADSP argumenta que en realidad se trata de una sustitución. Los fondos públicos que deberían destinarse a fortalecer hospitales y centros de salud se están utilizando para financiar clínicas privadas, muchas de las cuales pertenecen a grandes grupos empresariales. Esta dinámica crea un sistema dual en el que quienes pueden pagar acceden a una atención de calidad, mientras que quienes dependen del sistema público enfrentan un servicio cada vez más precario.
**Impacto en la Población y Desigualdades Sociales**
El aumento del gasto sanitario privado en España ha superado la media de la OCDE, alcanzando entre el 28% y el 30% del total del gasto sanitario. En 2022, el gasto de bolsillo de las familias españolas llegó a 25.143 millones de euros, lo que representa el 26% del gasto sanitario total. Esta carga financiera recae de manera desproporcionada sobre las familias de menores ingresos, que se ven obligadas a contratar seguros o a pagar de su propio bolsillo por servicios no cubiertos por el sistema público, como la atención odontológica o parte de la atención especializada.
En Andalucía, donde los niveles de renta son más bajos que la media estatal, esta situación agrava las desigualdades en el acceso a la salud. Las personas con menos recursos enfrentan un mayor esfuerzo económico para recibir atención médica, lo que puede llevar a que algunos renuncien a la atención necesaria. Esta realidad plantea serias preguntas sobre la equidad del sistema sanitario y su capacidad para garantizar el derecho a la salud para todos los ciudadanos.
La FADSP sostiene que la privatización de la sanidad no es un proceso inevitable, sino el resultado de decisiones políticas deliberadas. Comunidades como Madrid, Cataluña y Baleares han estado aplicando modelos privatizadores durante décadas, y ahora Andalucía, junto con otras regiones, se suma a esta tendencia. Este crecimiento no es casual, sino que responde a una voluntad política clara que prioriza los intereses del sector privado sobre el bienestar de la población.
La desigualdad territorial en el acceso a la atención médica cuestiona el propio sentido del Sistema Nacional de Salud, que fue concebido para garantizar los mismos derechos sanitarios en todo el país. La realidad actual demuestra que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades de recibir atención de calidad, lo que pone en riesgo el principio de equidad que debería ser la base de cualquier sistema de salud.
Defender la sanidad pública en Andalucía no es solo una cuestión ideológica, sino una urgencia democrática. Durante años, Andalucía fue un ejemplo de compromiso con la sanidad pública, pero hoy enfrenta el riesgo de perder ese patrimonio social. La privatización no mejora la eficiencia ni reduce las listas de espera; simplemente transfiere recursos públicos al bolsillo de unos pocos y socava el principio de equidad que da sentido a lo público. La salud no puede ser tratada como un negocio, y lo que está en juego es un modelo de sociedad que prioriza el bienestar de todos por encima de los intereses económicos de unos pocos.
