La sanidad pública en Andalucía atraviesa un momento crítico, y las decisiones del Gobierno de Juan Manuel Moreno, del Partido Popular (PP), han suscitado un intenso debate sobre la eficacia y la dirección de la política sanitaria en la región. En este artículo, se examinará cómo la administración actual ha priorizado la sanidad privada en detrimento de la pública, así como las consecuencias de estas decisiones para la ciudadanía y el sistema de bienestar en general.
### La Prioridad de la Sanidad Privada
Desde que el PP asumió el gobierno en Andalucía, se ha observado un claro patrón en la gestión de la sanidad: el fortalecimiento de la sanidad privada a expensas de la pública. En un reciente anuncio, el Gobierno andaluz destinará 533 millones de euros a clínicas privadas, una decisión que ha generado críticas por parte de partidos de izquierda y sindicatos, quienes argumentan que esta estrategia no solo debilita la sanidad pública, sino que también agrava la situación de las listas de espera.
La atención primaria, que debería ser el pilar fundamental del sistema sanitario, se encuentra en una situación alarmante. Las listas de espera han aumentado y la calidad de la atención se ha visto comprometida. Según datos recientes, la Junta de Andalucía ha logrado reducir la lista de espera quirúrgica en Granada en solo 146 pacientes en seis meses, lo que representa menos del uno por ciento de mejora. A pesar de este leve descenso, la demora media para ser operado ha aumentado, lo que indica que la situación sigue siendo insostenible.
La falta de transparencia en la gestión de las listas de espera es otro punto crítico. La Junta ha sido acusada de manipular datos y de no proporcionar información completa sobre la situación actual. Esto ha llevado a una creciente desconfianza entre la ciudadanía, que se siente cada vez más desprotegida y abandonada por un sistema que debería garantizar su salud y bienestar.
### Consecuencias de la Gestión Actual
La gestión de la sanidad pública en Andalucía no solo afecta a los pacientes que esperan atención médica, sino que también tiene repercusiones en otros pilares del estado de bienestar, como la educación y la dependencia. La falta de recursos y la priorización de la sanidad privada han llevado a un colapso en la atención a la dependencia, donde miles de personas se encuentran en listas de espera, a menudo durante más de un año, para recibir la atención que necesitan.
En Granada, la situación es particularmente grave. Más de 9,500 personas están en lista de espera para recibir atención en dependencia, y muchas de ellas ni siquiera han sido valoradas. Esto representa un grave incumplimiento de los derechos de los ciudadanos y una falta de compromiso por parte del Gobierno andaluz para abordar las necesidades de la población más vulnerable.
La educación también se ha visto afectada por las políticas del PP. La reciente decisión de suprimir plazas en colegios públicos, como el San José en Granada, ha generado un fuerte rechazo entre la comunidad educativa. Esta medida, que se justifica por la falta de matriculación, es vista como un intento de debilitar la educación pública en favor de la concertada, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en la calidad de la educación en la región.
La estrategia del Gobierno de Moreno parece estar enfocada en desviar recursos hacia la sanidad privada y la educación concertada, mientras que los servicios públicos esenciales sufren recortes y desatención. Esta tendencia no solo pone en riesgo la salud y la educación de los ciudadanos, sino que también socava los principios fundamentales del estado de bienestar, que deberían garantizar igualdad de acceso y calidad en los servicios públicos.
### La Respuesta de la Ciudadanía
Ante esta situación, la ciudadanía ha comenzado a movilizarse. Las protestas y manifestaciones en defensa de la sanidad pública y la educación han aumentado, y los sindicatos están organizando acciones para exigir cambios en la política del Gobierno andaluz. La presión social es fundamental para que se tomen medidas efectivas que garanticen la calidad y el acceso a los servicios públicos.
Los partidos de oposición también están intensificando sus críticas y proponiendo alternativas que prioricen la sanidad pública y la educación. La necesidad de un cambio en la gestión es evidente, y la ciudadanía está dispuesta a luchar por sus derechos y por un sistema que funcione para todos, no solo para unos pocos.
La situación actual en Andalucía es un claro ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden tener un impacto directo en la vida de las personas. La priorización de la sanidad privada y la educación concertada a expensas de la sanidad y la educación públicas no solo es insostenible, sino que también es injusta. La ciudadanía merece un sistema que garantice su bienestar y que no dependa de intereses privados.
La lucha por una sanidad pública fuerte y accesible es más relevante que nunca. La presión social y política puede ser el motor del cambio necesario para revertir esta situación y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención médica y educativa que merecen. La salud y la educación son derechos fundamentales que deben ser protegidos y promovidos por el Gobierno, y es responsabilidad de todos exigir que se cumplan.
