BBVA Lleva al Supremo las Restricciones del Gobierno en su OPA sobre Sabadell

BBVA ha decidido llevar su batalla legal al Tribunal Supremo en un intento por desafiar las condiciones impuestas por el Gobierno de España en relación a su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell. Esta decisión se produce en un contexto donde la entidad vasca busca avanzar en su estrategia de expansión, a pesar de las complicaciones que han surgido en el camino. La situación se ha vuelto más compleja desde que el Consejo de Ministros estableció requisitos que, según BBVA, podrían perjudicar gravemente sus planes de integración.

### Contexto de la OPA y las Condiciones Gubernamentales

La OPA de BBVA sobre Banco Sabadell ha sido un tema candente en el sector financiero español durante más de quince meses. La entidad presidida por Carlos Torres ha mantenido su firme intención de adquirir el banco catalán, a pesar de que este último ha tomado medidas significativas, como la venta de su filial en Reino Unido, el TSB, y el anuncio de un reparto de dividendos de 2.500 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha impuesto condiciones que han generado controversia y preocupación dentro de BBVA.

Una de las exigencias más destacadas es que ambos bancos deben operar como entidades separadas y con gestión diferenciada durante un periodo mínimo de tres años, que podría extenderse a cinco. Esta medida, según BBVA, afectaría directamente las sinergias esperadas de 850 millones de euros anuales, que son fundamentales para justificar la OPA. Aunque el Gobierno no ha eliminado por completo estas sinergias, el retraso en su implementación podría tener un impacto significativo en la rentabilidad de la operación.

BBVA ha argumentado que estas condiciones crean una situación de «indefensión o perjuicio irreparable», lo que ha llevado a la entidad a presentar un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. La entidad considera que la actuación del Gobierno no solo es injusta, sino que también vulnera la legislación que regula los recursos contra decisiones administrativas.

### Implicaciones Legales y Reacciones del Mercado

El recurso presentado por BBVA no parece afectar el curso de la OPA, según fuentes cercanas al banco. De hecho, algunos analistas sugieren que la acción legal podría fortalecer la posición de BBVA si los jueces deciden anular las condiciones impuestas por el Gobierno. Sin embargo, el tiempo es un factor crítico en este tipo de operaciones, y cada día que pasa puede aumentar los costos y los riesgos asociados a la OPA.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había aprobado inicialmente la operación, pero el Gobierno decidió endurecer las condiciones tras recibir presiones de la Generalitat de Cataluña y otros actores políticos. Este movimiento ha sido interpretado por BBVA como un intento de interferir en el proceso de fusión, lo que ha llevado a la entidad a recalcular sus expectativas de ahorro y sinergias.

Además, la Comisión Europea ha expresado su preocupación por las acciones del Gobierno español, abriendo un expediente que podría complicar aún más la situación. La normativa europea sobre la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento podría entrar en conflicto con las decisiones tomadas por el Ejecutivo español, lo que añade otra capa de incertidumbre a la OPA.

A medida que se acercan fechas clave, como la presentación del folleto definitivo de la OPA, BBVA se enfrenta a la presión de los accionistas de Sabadell, quienes están a la espera de una oferta mejorada. Actualmente, la acción de BBVA cotiza un 7,34% por debajo del valor de mercado de Banco Sabadell, lo que podría influir en la aceptación de la oferta por parte de los accionistas.

La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la OPA y la capacidad de BBVA para llevar a cabo su estrategia de expansión en un entorno regulatorio cada vez más complicado. Las sinergias esperadas, que incluyen reestructuraciones de plantilla y mejoras en la red de oficinas, se han visto comprometidas por las condiciones impuestas por el Gobierno, lo que ha llevado a la entidad a recalibrar sus expectativas y a prepararse para un proceso que podría ser más largo y complicado de lo inicialmente previsto.