El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su preocupación por la falta de organización y claridad del Gobierno español en el proceso de traslado de menores inmigrantes no acompañados. En una reciente entrevista, Clavijo destacó que la situación actual refleja una «cierta improvisación y quizás falta de concreción» en la gestión de estos menores, quienes requieren atención y protección especial debido a su vulnerabilidad.
### La Necesidad de Protocolos Claros
Clavijo subrayó que desde Canarias se ha solicitado al Gobierno central la creación de un protocolo específico para el traslado de menores inmigrantes. Este llamado a la acción se basa en la experiencia reciente, donde se evidenció que los menores que debían ser trasladados a la península no contaban con la identificación de los cuidadores que los acompañarían. Esta falta de comunicación ha generado incertidumbre y preocupación, ya que los menores no son simplemente objetos que se pueden mover sin un plan claro, sino seres humanos que necesitan un cuidado especial.
El presidente canario también mencionó que el Gobierno no ha proporcionado información sobre la creación de 1.200 plazas en la península, lo que complica aún más la situación. La tutela de estos menores recae en Canarias, lo que implica que el Gobierno local debe coordinarse con otras comunidades autónomas para garantizar que los menores sean atendidos adecuadamente. La falta de protocolos claros y garantías ha llevado a Clavijo a insistir en la necesidad de un enfoque más humano y organizado en el tratamiento de estos menores.
### Impacto de la Situación Política
Clavijo también abordó el impacto de la situación política en la gestión de la migración en España. Consideró «triste» que la migración y, en particular, la situación de los menores inmigrantes se utilice como un arma política. Esta manipulación del sufrimiento de los más vulnerables no solo es inaceptable, sino que también puede tener consecuencias irreversibles para los menores involucrados.
El presidente canario enfatizó que el proceso de traslado de más de 1.000 menores inmigrantes no acompañados podría extenderse por más de 10 meses si se trasladan solo 30 menores a la semana. Esta proyección plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para manejar la situación actual, especialmente si se considera que la llegada de nuevos menores a Canarias podría aumentar.
Clavijo también hizo un llamado a la colaboración entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, instando a los partidos políticos a dejar de lado el populismo y a centrarse en el bienestar de los menores. La falta de acción coordinada y la politización de la migración han llevado a una situación de emergencia que requiere atención inmediata y un enfoque más compasivo.
### Reubicación y Responsabilidad del Estado
Con la reciente aprobación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, se espera que se establezca un sistema nacional de atención para los menores inmigrantes no acompañados. Clavijo destacó que esta es una responsabilidad del Estado, y que la falta de una política migratoria clara ha llevado a una situación insostenible en Canarias.
El presidente canario ha mantenido conversaciones con otros líderes regionales sobre la reforma y ha recibido respuestas mixtas. Aunque algunos presidentes han expresado su desacuerdo con la reforma, han indicado que cumplirán con la ley. Esta respuesta sugiere que, a pesar de las diferencias políticas, existe un reconocimiento general de la necesidad de abordar la situación de los menores inmigrantes de manera efectiva.
La situación actual de los menores inmigrantes en Canarias es un reflejo de la complejidad de la migración en España. La falta de un enfoque coordinado y humano ha llevado a una crisis que afecta a los más vulnerables. La necesidad de protocolos claros y de una política migratoria efectiva es más urgente que nunca, y el tiempo para actuar es ahora.
La atención a los menores inmigrantes no acompañados debe ser una prioridad para el Gobierno español y para todas las comunidades autónomas. La vida y el bienestar de estos niños dependen de la capacidad del sistema para responder a sus necesidades de manera adecuada y compasiva. La situación actual no solo es un desafío logístico, sino también un imperativo moral que requiere la atención y acción de todos los actores involucrados.