El Gobierno español ha tomado medidas decisivas para abordar la creciente preocupación por la estabilidad de la red eléctrica, especialmente tras la crisis de apagones que ha afectado a diversas regiones del país. En este contexto, se ha aprobado un nuevo real decreto que refuerza las atribuciones de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de Red Eléctrica de España (REE). Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para garantizar un suministro eléctrico fiable y sostenible, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
### Medidas de Supervisión y Control en el Sector Eléctrico
Desde el 28 de abril, el control de la tensión en la red eléctrica se ha convertido en una prioridad para el Gobierno. La reciente aprobación del real decreto busca establecer un marco más robusto para la supervisión de la tensión eléctrica, lo que es crucial para evitar futuros apagones. Este decreto otorga a la CNMC y a REE nuevas atribuciones para supervisar y controlar las obligaciones de los agentes del sector eléctrico. A pesar de las críticas de la CNMC, que consideró innecesarios algunos de los mandatos del proyecto, el Gobierno ha decidido seguir adelante con estas medidas.
Una de las principales innovaciones del decreto es la obligación de la CNMC de elaborar informes trimestrales sobre el control de tensión, lo que permitirá una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sector. Además, se implementará un plan de inspección extraordinario que evaluará las capacidades de reposición del suministro cada tres años. Estas acciones son fundamentales para garantizar que el sistema eléctrico funcione de manera eficiente y que se puedan prevenir incidentes que afecten a los consumidores.
Por otro lado, Red Eléctrica se encargará de desarrollar propuestas normativas que aborden las respuestas ante oscilaciones de potencia y la programación de restricciones técnicas. Estas propuestas deberán estar listas en un plazo de tres a seis meses, y las reformas normativas resultantes serán analizadas por los organismos competentes para su aprobación en un plazo no superior a seis meses. Este enfoque proactivo es esencial para adaptarse a las necesidades cambiantes del sector eléctrico y para asegurar que se mantenga un suministro estable y seguro.
### Impulso al Almacenamiento y la Repotenciación de Energía
El nuevo decreto también incluye medidas significativas para fomentar el almacenamiento de energía, un componente clave para la transición hacia un sistema energético más sostenible. Se establece un objetivo ambicioso de alcanzar una capacidad de almacenamiento de 22,5 gigavatios (GW) para el año 2030, lo que representa un paso importante hacia la descarbonización del sector energético. Este impulso al almacenamiento no solo mejorará la estabilidad del sistema eléctrico, sino que también permitirá ofrecer precios más competitivos de electricidad para los ciudadanos y las empresas.
Para facilitar la incorporación de nuevas instalaciones de almacenamiento, el decreto agiliza la tramitación de proyectos que se integren en plantas de generación ya existentes. Esto significa que los estudios de impacto ambiental previamente realizados no tendrán que ser duplicados, lo que reducirá los tiempos de espera y fomentará la inversión en el sector. José Donoso, director general de UNEF, ha destacado que estas medidas contribuirán a aumentar la competitividad del sector industrial español y atraerán inversiones necesarias para la modernización de la infraestructura energética.
Además, el decreto incorpora la definición de repotenciación de acuerdo con la normativa europea, lo que implica la renovación de instalaciones eléctricas existentes, como aerogeneradores y paneles solares. Este enfoque no solo moderniza la infraestructura, sino que también promueve la electrificación de nuevas actividades económicas, especialmente en el sector industrial. Para prevenir el acaparamiento y la especulación, se establece un límite de cinco años para la caducidad de los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica.
El Gobierno también busca incentivar la demanda de electricidad al acortar los plazos de respuesta de las distribuidoras para la implementación de extensiones de red, lo que es especialmente relevante para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Estas medidas son parte de un esfuerzo más amplio para fomentar un uso más eficiente y sostenible de la energía en España.
A pesar de la recuperación de muchas de las medidas propuestas anteriormente, el Gobierno ha dejado fuera la exención del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, un aspecto que aún requiere la aprobación del Congreso. Esta situación refleja las complejidades políticas y económicas que enfrenta el Gobierno en su intento por equilibrar las necesidades del sector energético con las demandas de la industria y la sociedad en general.
En resumen, el nuevo real decreto representa un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico en España. Con un enfoque en la supervisión, el almacenamiento y la repotenciación, el Gobierno busca garantizar un suministro eléctrico fiable y sostenible que apoye el crecimiento económico y la transición energética del país.
