En Andalucía, la situación del sistema de atención a la dependencia se ha convertido en un tema de gran preocupación social y política. Un reciente informe de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha revelado que más de 50.000 andaluces han fallecido entre 2018 y 2025 sin haber recibido la atención que solicitaron. Esta alarmante cifra pone de manifiesto el colapso del sistema, que no alcanzará a cumplir con el plazo legal de 180 días para la atención a la dependencia hasta el año 2054, es decir, dentro de casi tres décadas.
La espera media para recibir atención en Andalucía se sitúa en 559 días, lo que representa casi un año y medio, triplicando el límite legal establecido. Este retraso se debe a la creciente presión que ejerce el aumento de la población mayor de 65 años, lo que convierte el derecho a la atención en una mera promesa vacía para las generaciones presentes y futuras. La FOAM ha criticado no solo la gestión autonómica, sino también la falta de financiación estatal, que agrava aún más la crisis.
### La Emergencia de Derechos en el Sistema de Dependencia
La FOAM ha calificado la situación actual como una «emergencia de derechos», exigiendo que se destine el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) a la financiación del sistema de dependencia. Este porcentaje es crucial para garantizar que las personas dependientes reciban la atención que necesitan y que se respete su derecho a una vida digna. En comparación con otros países de la Unión Europea, España se encuentra a la cola en términos de gasto público en dependencia, con un 0,81% del PIB nacional y un 1,03% en Andalucía, muy por debajo de la media europea de 1,66%.
El informe de la FOAM destaca que la crisis de la dependencia no es solo una cuestión de gestión, sino también de financiación. La falta de recursos ha llevado a un incumplimiento sistemático de la ley, lo que ha resultado en un aumento de la mortalidad entre aquellos que esperan atención. En el conjunto de España, se estima que el plazo legal de 180 días no se cumplirá hasta 2045, lo que significa que la situación en Andalucía es aún más crítica.
La FOAM ha hecho un llamado urgente al Gobierno y a la Junta de Andalucía para que prioricen la reforma y financiación del sistema de dependencia en los próximos presupuestos. La organización propone un aumento inmediato de la financiación hasta alcanzar el 2% del PIB estatal y autonómico en 2026, así como la implementación de un Plan de Choque y Gestión para reducir la mortalidad en espera y modernizar los procedimientos administrativos.
### Propuestas para la Sostenibilidad del Sistema
La FOAM no solo exige cambios inmediatos, sino que también plantea la necesidad de establecer una senda progresiva anual que asegure la sostenibilidad futura del sistema de dependencia. Esto implica un compromiso a largo plazo por parte de las autoridades para garantizar que las personas dependientes no sean olvidadas y que sus derechos sean respetados.
Además, la organización reclama al Gobierno que cumpla con su obligación legal de financiar al menos el 50% del sistema de dependencia en todas las comunidades autónomas. Aunque el Gobierno ha aclarado que la ley no obliga a que aporte esta cantidad en cada comunidad, la FOAM sostiene que alcanzar este objetivo es fundamental para mejorar la situación de la dependencia en Andalucía.
La falta de inversión y la crisis de la dependencia han llevado a una situación insostenible, donde miles de personas se ven condenadas a esperar años por la atención que necesitan. La FOAM ha instado a las autoridades a ser transparentes con la sociedad y a reconocer que, sin una inversión adecuada, los plazos de atención seguirán extendiéndose, afectando a los más vulnerables.
La crisis de la dependencia en Andalucía es un reflejo de un problema más amplio que afecta a toda España. La falta de recursos y la ineficiencia en la gestión han llevado a un aumento de la mortalidad entre aquellos que esperan atención, lo que plantea serias preguntas sobre la justicia social y la legalidad en el país. La FOAM ha hecho un llamado a la acción, instando a la sociedad a exigir cambios y a luchar por los derechos de las personas dependientes.
La situación actual es insostenible y requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades. La dependencia no puede ser una promesa vacía; debe ser un derecho garantizado para todos. La FOAM ha dejado claro que, si no se alcanza el 2% del PIB para la financiación del sistema, el derecho a la atención seguirá siendo una ilusión para las generaciones venideras. La crisis de la dependencia en Andalucía es un desafío que no puede ser ignorado, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para encontrar soluciones efectivas y duraderas.
