La situación en Granada se ha vuelto tensa tras el anuncio de la Diputación de que emprenderá acciones legales contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por los daños ocasionados en el puente de Bejarín durante la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la región hace un año. Este anuncio ha sido recibido con críticas contundentes, especialmente por parte del subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla, quien ha calificado esta acción como un intento de la Diputación de desviar la atención de su propia incompetencia en la gestión de la crisis.
La DANA, que tuvo lugar en octubre de 2024, provocó serios daños en infraestructuras y viviendas en varias localidades de la comarca. El puente de Bejarín, que conecta a los municipios de Benalúa y Purullena, fue uno de los más afectados, quedando inoperativo y causando inconvenientes significativos a los residentes. A pesar de la gravedad de la situación, la respuesta de la Diputación ha sido criticada por su lentitud y falta de acción efectiva.
Montilla ha señalado que, mientras la Diputación ha tardado un año en actuar, la CHG ha invertido 11,8 millones de euros en la mejora de cuencas de ríos en la región, logrando finalizar la mayoría de las obras en un tiempo récord. Esta comparación ha puesto de relieve la inacción de la Diputación, que, según el subdelegado, solo necesita cubrir el 50% del coste de las reparaciones, ya que el resto es financiado por el Gobierno a través de fondos destinados a la recuperación de zonas afectadas por desastres naturales.
La crítica hacia la Diputación no se limita solo a la falta de reparaciones en el puente de Bejarín. Montilla ha enfatizado que la autorización para que la Diputación comenzara las obras llegó en un plazo de 26 días, lo que indica que no hubo obstáculos administrativos significativos. Sin embargo, a pesar de esta agilidad, la institución provincial no ha tomado las medidas necesarias para restaurar la infraestructura dañada, lo que ha llevado a un deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la comarca.
### La Respuesta de la Ciudadanía
La respuesta de la ciudadanía ante esta situación ha sido de frustración y descontento. Los residentes de Benalúa y Purullena han expresado su preocupación por la falta de acción de la Diputación, que ha dejado a muchas familias en una situación precaria. La inoperancia en la reparación del puente ha afectado no solo la movilidad de los ciudadanos, sino también el acceso a servicios básicos y la economía local.
Los habitantes han comenzado a organizarse para exigir respuestas y soluciones efectivas. Se han llevado a cabo manifestaciones y reuniones comunitarias donde se discuten las acciones a seguir para presionar a las autoridades a que actúen. La indignación ha crecido, y muchos consideran que la Diputación no solo ha fallado en su deber de reparar el puente, sino que también ha fallado en su responsabilidad de proteger y servir a la comunidad.
Además, la falta de comunicación clara por parte de la Diputación ha alimentado la desconfianza entre los ciudadanos. Muchos sienten que no están siendo escuchados y que sus necesidades no son una prioridad para los funcionarios. Esta situación ha llevado a un aumento en la participación ciudadana, con un creciente interés en la política local y en cómo se gestionan los recursos públicos.
### Implicaciones Políticas y Futuras Acciones
La controversia en torno a la reparación del puente de Bejarín no solo tiene implicaciones para los residentes de la comarca, sino que también podría tener repercusiones políticas más amplias. La gestión de desastres naturales y la respuesta a las necesidades de la comunidad son temas críticos que pueden influir en las próximas elecciones locales y regionales.
Los partidos políticos están comenzando a tomar nota de la situación. La oposición ha criticado duramente a la Diputación, utilizando este caso como un ejemplo de la ineficacia del gobierno actual. Se espera que en los próximos meses, a medida que se acerquen las elecciones, este tema se convierta en un punto central de debate, con los partidos buscando capitalizar el descontento de la ciudadanía.
Por otro lado, la Diputación se enfrenta a la presión de demostrar que puede gestionar eficazmente la crisis y restaurar la confianza de los ciudadanos. Esto podría implicar no solo la reparación del puente de Bejarín, sino también una revisión más amplia de cómo se manejan las emergencias y la infraestructura en la región.
La situación actual es un recordatorio de la importancia de la responsabilidad gubernamental y la necesidad de una gestión proactiva en la atención a las necesidades de la comunidad. A medida que los ciudadanos continúan exigiendo respuestas, la Diputación tendrá que actuar con rapidez y eficacia para evitar que esta crisis se convierta en un problema político mayor que pueda afectar su futuro.
La historia del puente de Bejarín es un reflejo de las luchas más amplias que enfrentan muchas comunidades en España, donde la gestión de desastres y la infraestructura a menudo se convierten en temas de debate político. La resolución de este conflicto no solo beneficiará a los residentes de la comarca, sino que también sentará un precedente sobre cómo se deben manejar las crisis en el futuro.
