El Gobierno de Cantabria ha tomado una postura firme en relación con el reciente Real Decreto 658/2025, que regula la distribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia las comunidades autónomas. Este decreto ha generado un intenso debate sobre la gestión y el tratamiento de los menores migrantes, lo que ha llevado al Ejecutivo regional a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. La decisión de recurrir esta normativa se basa en la preocupación por una posible extralimitación de competencias por parte del Estado, así como en la defensa de los derechos y necesidades de los menores involucrados.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha sido clara al expresar que las medidas impuestas por el Gobierno central tratan a los menores como mercancía, lo que resulta inaceptable. Según Gómez del Río, el decreto no considera adecuadamente aspectos esenciales como la integración social, la atención educativa, sanitaria y el acompañamiento psicológico que requieren estos jóvenes. La consejera ha enfatizado que la gestión de la acogida debe ser ordenada y respetuosa con las competencias autonómicas, y que la imposición unilateral de medidas no es el camino adecuado.
La presentación del recurso se formalizó el 23 de octubre de 2025, coincidiendo con el último día del plazo legal para hacerlo. Este paso fue autorizado por el Consejo de Gobierno en una reunión previa, donde se discutieron los informes técnicos que alertaban sobre los defectos en la tramitación del decreto, que podrían viciar de nulidad la norma. El análisis jurídico del Gobierno de Cantabria destaca que el decreto podría vulnerar varios artículos de la Constitución Española, lo que refuerza la necesidad de impugnarlo.
### Críticas al Modelo de Reparto de Menores
El modelo de reparto de menores migrantes ha sido objeto de críticas no solo por parte del Gobierno de Cantabria, sino también por otras comunidades autónomas que han expresado su preocupación por la falta de coordinación y planificación en la acogida de estos jóvenes. La llegada de menores migrantes a diferentes regiones del país debe ser un proceso que contemple las capacidades de acogida de cada comunidad, así como las necesidades específicas de los menores. En este sentido, el Gobierno de Cantabria ha ampliado su ofensiva jurídica al presentar dos recursos adicionales contra resoluciones de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que ordenaban el traslado de menores sin el consentimiento previo del Ejecutivo regional.
A pesar de las tensiones y el conflicto competencial, Cantabria ha comenzado a recibir a los menores migrantes. El 22 de octubre de 2025, se registró la llegada del primer menor extranjero no acompañado procedente de Canarias, en cumplimiento del nuevo procedimiento de traslados impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia. Este hecho marca el inicio de un proceso que, según el Ministerio, contempla la asignación de un total de 156 menores a Cantabria, en un esfuerzo por aliviar la presión migratoria en las regiones más afectadas.
La situación de los menores migrantes no acompañados es compleja y requiere un enfoque integral que contemple no solo su acogida, sino también su integración en la sociedad. La consejera Gómez del Río ha reiterado el compromiso humanitario de Cantabria, pero ha subrayado que este compromiso debe ir acompañado de una gestión adecuada y respetuosa de las competencias autonómicas. La atención a estos menores debe ser un esfuerzo conjunto que involucre a todos los actores relevantes, desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas y las organizaciones no gubernamentales.
### La Realidad de los Menores Migrantes en Cantabria
La llegada de menores migrantes a Cantabria no es un fenómeno nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al aumento de la migración irregular y las crisis humanitarias en diferentes partes del mundo. Estos jóvenes, que a menudo llegan solos y en situaciones de vulnerabilidad extrema, requieren atención especializada y un enfoque que priorice su bienestar y desarrollo.
El sistema de acogida de menores migrantes en Cantabria ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo la necesidad de recursos adecuados y la capacitación del personal encargado de su atención. La consejería ha trabajado en la implementación de programas que buscan garantizar la protección de estos menores, así como su acceso a servicios educativos, de salud y apoyo psicológico. Sin embargo, la presión que ejerce el aumento de la llegada de menores migrantes ha puesto a prueba la capacidad del sistema de acogida, lo que ha llevado a la necesidad de una revisión y mejora de los procedimientos existentes.
La situación actual también ha generado un debate más amplio sobre la política migratoria en España y la responsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión de los flujos migratorios. La falta de un enfoque coordinado y la disparidad en la capacidad de acogida entre las diferentes regiones del país han llevado a situaciones de desigualdad y a la percepción de que algunos territorios están asumiendo una carga desproporcionada en comparación con otros.
En este contexto, el recurso presentado por el Gobierno de Cantabria ante el Tribunal Supremo no solo busca impugnar el decreto que regula el reparto de menores migrantes, sino que también plantea cuestiones fundamentales sobre la gestión de la migración y la protección de los derechos de los menores. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la forma en que se abordan estos temas en el futuro, y podría influir en la manera en que se diseñan las políticas migratorias en España.
La situación de los menores migrantes en Cantabria es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas comunidades en el país. La necesidad de un enfoque humanitario y coordinado en la gestión de la migración es más urgente que nunca, y el compromiso de las comunidades autónomas para trabajar en conjunto con el Gobierno central es esencial para garantizar que los derechos y necesidades de estos jóvenes sean atendidos de manera adecuada. La lucha del Gobierno de Cantabria por la protección de los menores migrantes es un paso importante hacia la construcción de un sistema más justo y equitativo que respete la dignidad y los derechos de todos los niños y adolescentes, independientemente de su origen.
