El Gobierno de Cantabria ha tomado una decisión significativa al presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en relación con el Real Decreto 658/2025, que regula la distribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia las comunidades autónomas. Esta acción se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la gestión de la migración y la protección de los derechos de los menores, así como por la defensa de las competencias autonómicas.
### Contexto del Recurso Contencioso-Administrativo
El recurso fue formalizado el 23 de octubre de 2025, coincidiendo con el último día del plazo legal para presentar impugnaciones. La decisión de interponer este recurso fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Cantabria en su reunión del 18 de septiembre, tras recibir informes técnicos que alertaban sobre posibles extralimitaciones competenciales por parte del Estado. Según el análisis jurídico del Gobierno regional, el decreto podría vulnerar varios artículos de la Constitución Española, que delimitan las competencias de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales y protección de menores.
El Real Decreto 658/2025 se basa en el Real Decreto Ley 2/2025, que establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia ante situaciones migratorias extraordinarias. Sin embargo, este decreto también ha sido objeto de controversia y ha sido recurrido por varias comunidades autónomas, incluida Cantabria, que argumentan que invade sus competencias.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha sido clara en sus críticas hacia el modelo de reparto impuesto por el Gobierno central. Según ella, las medidas aprobadas tratan a los menores como mercancía y no consideran adecuadamente las necesidades de estos jóvenes ni la capacidad real de acogida de las comunidades autónomas. Gómez del Río ha enfatizado que la imposición no es el camino y que la acogida debe gestionarse de manera ordenada y respetuosa con las competencias autonómicas.
### La Realidad de la Acogida de Menores Migrantes
A pesar de la controversia legal, Cantabria ha comenzado a recibir a menores migrantes no acompañados. El 22 de octubre de 2025, la comunidad autónoma recibió al primer menor extranjero no acompañado procedente de Canarias, en cumplimiento del nuevo procedimiento de traslados impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia. Este primer caso es parte de un total de 156 menores que el Ministerio ha asignado a Cantabria dentro de un plan nacional de reubicación solidaria, diseñado para aliviar la presión migratoria sobre las regiones más afectadas.
Sin embargo, la llegada de estos menores no ha estado exenta de complicaciones. El Gobierno de Cantabria ha presentado dos recursos adicionales contra las resoluciones de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que ordenaban el traslado de dos menores sin el consentimiento previo del Ejecutivo regional. Esta situación ha generado un clima de tensión entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno central, evidenciando la complejidad de la gestión de la migración y la protección de menores en España.
La consejera Gómez del Río ha reiterado el compromiso humanitario de Cantabria, pero ha subrayado que la gestión de la acogida debe ser coordinada y respetuosa con las competencias de la comunidad autónoma. La atención a estos menores no solo implica proporcionar un lugar donde vivir, sino también garantizar su integración social, acceso a la educación, atención sanitaria y apoyo psicológico, aspectos que, según la consejera, no están siendo adecuadamente valorados en el modelo actual.
La situación de los menores migrantes no acompañados es un tema de gran relevancia en la actualidad, especialmente en un contexto donde las llegadas de migrantes han aumentado significativamente en los últimos meses. La presión sobre las comunidades autónomas para acoger a estos menores ha generado un debate sobre la capacidad de cada región para gestionar esta responsabilidad, así como sobre la necesidad de un enfoque más colaborativo y menos impositivo por parte del Gobierno central.
En este sentido, el recurso presentado por Cantabria ante el Tribunal Supremo no solo busca cuestionar la legalidad del decreto, sino también abrir un espacio para el diálogo y la negociación en torno a la gestión de la migración y la protección de menores. La consejera ha afirmado que la comunidad autónoma está dispuesta a colaborar en la acogida de menores, pero siempre dentro de un marco que respete sus competencias y garantice el bienestar de los jóvenes.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y humano en la gestión de la migración, que no solo contemple la distribución de menores, sino que también aborde las causas subyacentes de la migración y garantice la protección de los derechos de los menores. La lucha del Gobierno de Cantabria es un reflejo de las tensiones existentes entre las competencias autonómicas y las decisiones del Gobierno central, y plantea interrogantes sobre cómo se puede lograr un equilibrio que beneficie a todas las partes involucradas.
