La reciente sesión de control al Gobierno en el Congreso ha desatado una intensa polémica tras las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En un momento crítico, Montero condicionó la financiación de las ayudas a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta afirmación, que incluyó la frase provocadora «a ver qué votan», ha generado una ola de indignación tanto en la oposición política como en las asociaciones de pacientes, quienes acusan al Gobierno de utilizar la salud de los enfermos como un arma política en medio de una crisis presupuestaria.
La situación es alarmante, ya que más de mil personas han fallecido en lo que va del año sin haber recibido ninguna ayuda estatal. La diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, no dudó en reprochar al Ejecutivo su inacción, recordando que la Ley ELA fue aprobada por unanimidad en 2024, pero hasta la fecha no se ha implementado. «Su Gobierno va a caer, pero los enfermos de ELA no tienen tiempo», afirmó Muñoz, denunciando que el Ejecutivo ha mentido y manipulado a los afectados, utilizando sus promesas para mejorar su imagen pública.
La respuesta de Montero fue desafiante, sugiriendo que las ayudas llegarán, pero solo si se aprueban los nuevos Presupuestos. Esta declaración fue interpretada como un chantaje político, donde el apoyo económico a los enfermos se supedita a la supervivencia del Gobierno en el Parlamento. La ministra de Hacienda aseguró que los fondos necesarios para las ayudas se presentarán en una generación de créditos que se discutirá próximamente en la Cámara Baja.
La Ley ELA, que obliga al Estado a garantizar las ayudas a los pacientes con esta enfermedad degenerativa, ha sido un tema candente desde su aprobación. Sin embargo, a pesar de que han pasado casi doce meses desde su ratificación, no se ha asignado ni un solo euro para su implementación. Esto ha llevado a muchas familias a enfrentar costos exorbitantes por asistencia, respiradores y fisioterapia sin ningún apoyo público.
Fuentes del Parlamento han confirmado que el Ministerio de Hacienda no ha consignado ninguna partida específica en las cuentas prorrogadas de 2023, a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno. La diputada Muñoz enfatizó que el Gobierno ha manejado miles de millones de euros en partidas discrecionales, pero no ha sido capaz de destinar 230 millones para atender a los enfermos de ELA. «¿A qué se dedica su Gobierno?», cuestionó, subrayando que incluso con los Presupuestos prorrogados, Montero ha realizado modificaciones presupuestarias multimillonarias para satisfacer a sus socios nacionalistas, mientras que para los enfermos de ELA no ha habido ni un céntimo.
La situación ha generado un clima de tensión en el Congreso, donde la oposición exige respuestas claras y acciones concretas para garantizar la financiación de las ayudas a los enfermos de ELA. La falta de compromiso del Gobierno ha llevado a muchos a cuestionar la sinceridad de sus promesas y su capacidad para gestionar la crisis de salud pública que enfrentan estos pacientes. Las asociaciones de pacientes han alzado la voz, pidiendo que se priorice la salud y la dignidad de los enfermos por encima de los intereses políticos.
El debate sobre la Ley ELA y la financiación de las ayudas se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de los enfermos en España. La presión sobre el Gobierno aumenta, y la oposición se mantiene firme en su exigencia de que se cumplan las promesas hechas a los pacientes. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de un compromiso real y efectivo por parte del Ejecutivo para garantizar que los enfermos de ELA reciban la atención y el apoyo que necesitan, sin que esto dependa de la dinámica política del momento.
A medida que se acercan las discusiones sobre los nuevos Presupuestos, la atención se centrará en cómo el Gobierno maneja esta situación crítica. Las vidas de muchos pacientes dependen de decisiones que se toman en el Parlamento, y la presión pública podría ser un factor determinante en la búsqueda de soluciones. La comunidad de enfermos de ELA y sus familias esperan que sus voces sean escuchadas y que se tomen medidas concretas para asegurar su bienestar y dignidad en un momento tan difícil.
