La violencia de género sigue siendo un problema crítico en España, y la provincia de Granada no es la excepción. Recientemente, el Partido Popular (PP) ha tomado la iniciativa de presentar mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para exigir al Gobierno de España soluciones inmediatas ante las fallas en el sistema de pulseras de protección para maltratadores. Este sistema, que debería garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia machista, ha mostrado deficiencias que han sido denunciadas desde julio de 2024.
### La Situación Actual de las Pulseras de Protección
Las pulseras de control telemático son herramientas diseñadas para proteger a las víctimas de violencia de género, permitiendo un seguimiento constante de los maltratadores. Sin embargo, el PP ha señalado que desde hace más de un año se han detectado fallos técnicos que ponen en riesgo la seguridad de más de 400 mujeres en Granada. Jorge Saavedra, secretario general del PP de Granada, ha expresado su indignación ante la falta de respuesta del Gobierno, afirmando que es «inadmisible» que no se ofrezcan explicaciones claras sobre estos problemas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha admitido que estaba al tanto de estas deficiencias, recibiendo informes de la Audiencia Provincial de Granada y de Galicia que alertaban sobre la situación. Sin embargo, el CGPJ ha señalado que la responsabilidad de gestionar estas incidencias recae en el Gobierno, lo que ha generado un vacío de acción que afecta directamente a las víctimas.
La falta de un protocolo de actuación ante incidencias técnicas ha sido uno de los puntos más criticados por el PP. Saavedra ha subrayado que, a pesar de las advertencias del poder judicial, no se han activado medidas para revertir esta situación de descontrol, lo que pone en evidencia la ineficacia del sistema actual.
### Demandas del PP y Propuestas de Mejora
Las mociones presentadas por el PP no solo buscan respuestas, sino que también proponen un conjunto de medidas concretas para mejorar la situación. Entre las demandas se incluye la creación de un protocolo de actuación ante incidencias técnicas que contemple medidas de refuerzo y seguimiento inmediato. Además, se solicita una auditoría integral del sistema de control telemático para identificar y corregir vulnerabilidades de forma prioritaria.
El PP también ha instado a que se refuercen los recursos humanos y técnicos destinados a la gestión de estas herramientas. La formación continua de los profesionales implicados es otro aspecto crucial que se ha destacado, ya que la protección de las víctimas no puede depender de la suerte ni de la burocracia. Saavedra ha enfatizado que es hora de que el Gobierno actúe con seriedad y responsabilidad, garantizando así la seguridad de las mujeres que dependen de este sistema.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la eficacia de las pulseras de control, afirmando que «las víctimas siempre han estado protegidas, porque los dispositivos han funcionado en todo momento». Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por el PP, que sostiene que la realidad es muy diferente y que las fallas en el sistema son innegables.
La situación actual plantea un dilema crítico: ¿cómo se pueden garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas de violencia de género si las herramientas diseñadas para protegerlas presentan fallos? La respuesta a esta pregunta es urgente y necesaria, no solo para las mujeres de Granada, sino para todas las víctimas en el país.
El debate sobre la violencia de género y la eficacia de las medidas de protección es un tema que debe ser abordado con seriedad. La presión del PP para que se tomen medidas inmediatas es un paso en la dirección correcta, pero es fundamental que todas las partes involucradas trabajen juntas para encontrar soluciones efectivas y duraderas. La seguridad de las víctimas no puede ser un tema de debate político, sino una prioridad que debe ser atendida con urgencia y compromiso.
La lucha contra la violencia de género requiere un enfoque integral que no solo contemple la implementación de tecnologías de protección, sino también la formación y sensibilización de los profesionales que trabajan en este ámbito. La colaboración entre instituciones, organizaciones y la sociedad civil es esencial para construir un entorno seguro para todas las mujeres.
En este contexto, es crucial que el Gobierno tome en serio las demandas del PP y de otros grupos que abogan por la mejora del sistema de protección. La vida y la seguridad de las mujeres no pueden ser objeto de negligencia o desinterés. La sociedad espera respuestas claras y efectivas que garanticen que las víctimas de violencia de género reciban la protección que merecen.
