La reciente polémica en torno a las pulseras telemáticas para maltratadores ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas de protección para las mujeres en situaciones de violencia de género. La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha exigido la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que explique la gestión de un sistema que, según la Fiscalía General del Estado, ha fallado en su propósito de proteger a las víctimas. Este sistema, que debía garantizar la seguridad de las mujeres con órdenes de alejamiento, ha sido objeto de críticas severas tras revelarse que dejó de funcionar, lo que ha llevado a una potencial desprotección de las víctimas.
La situación se ha vuelto insostenible, y García ha señalado que el Gobierno no solo ha fallado en su deber de proteger a las mujeres, sino que también ha ignorado las advertencias sobre los riesgos que conllevaba un sistema defectuoso. La portavoz ha instado a que se realice una auditoría independiente para evaluar la gravedad de la situación y evitar que se repita en el futuro. En su declaración, García enfatizó que «mientras Sánchez hacía propaganda, las víctimas estaban más solas que nunca», subrayando la necesidad de una respuesta efectiva y no solo de palabras vacías.
### La Falta de Protección y sus Consecuencias
La memoria anual de la Fiscalía ha revelado que, debido a la falta de acceso a los datos de localización de las pulseras, muchas mujeres no pudieron demostrar el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. Esto ha llevado a la revictimización de muchas de ellas, quienes vieron cómo sus casos se archivaban sin que se presentaran pruebas suficientes. La falta de datos ha resultado en un aumento de sobreseimientos y absoluciones en los juzgados de Violencia Sobre la Mujer y en los de lo Penal, lo que ha permitido que agresores permanezcan en libertad, representando un riesgo inminente para otras mujeres.
García ha señalado que este fallo en el sistema no es solo una cuestión de incompetencia, sino que se considera una «irresponsabilidad criminal». La portavoz ha argumentado que el Gobierno, al ignorar las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, ha puesto en peligro la vida de muchas mujeres. La situación es aún más alarmante si se considera que, según la memoria de la Fiscalía, la anomalía en el sistema de pulseras ha llevado a que muchos agresores que deberían haber sido condenados por violencia de género se encuentren en libertad.
La ministra de Igualdad ha sido acusada de no actuar a tiempo y de permitir que un sistema defectuoso pusiera en riesgo la seguridad de las víctimas. La exigencia de dimisión por parte del PP se basa en la premisa de que quien juega con la vida de mujeres maltratadas no puede permanecer en su cargo. La situación actual ha llevado a un clamor por parte de la oposición, que pide una respuesta clara y contundente del Gobierno sobre cómo se va a reparar el daño causado a las mujeres afectadas.
### La Necesidad de una Respuesta Efectiva
La situación de las pulseras telemáticas es solo un ejemplo de la falta de atención que ha recibido la violencia de género en el ámbito político. La crítica a la gestión del Gobierno no solo se limita a este incidente, sino que también se extiende a la Ley del Solo sí es sí, que ha sido objeto de controversia por sus implicaciones en la protección de las víctimas. La falta de una respuesta efectiva y la continua improvisación en la gestión de políticas de igualdad han llevado a que muchas mujeres se sientan desprotegidas y abandonadas por el sistema.
Alicia García ha hecho un llamado a la responsabilidad del Gobierno, instando a que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de las mujeres. La portavoz ha enfatizado que las mujeres no necesitan pancartas ni eslóganes, sino justicia, protección efectiva y verdad. La exigencia de una auditoría independiente es un paso necesario para entender la magnitud del problema y para que se tomen las medidas adecuadas que eviten que situaciones similares se repitan en el futuro.
La falta de acción por parte del Gobierno ha llevado a un clima de desconfianza entre las víctimas de violencia de género, quienes ven cómo sus derechos son vulnerados y cómo el sistema que debería protegerlas falla en su cometido. La situación actual exige una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades, así como un compromiso real con la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.
La gestión de la violencia de género en España ha sido objeto de críticas en múltiples ocasiones, y la situación de las pulseras telemáticas es solo una muestra más de la necesidad de un cambio profundo en la forma en que se abordan estas cuestiones. La sociedad demanda un compromiso real por parte del Gobierno para garantizar la seguridad de las mujeres y para asegurar que no se repitan errores del pasado que han llevado a la desprotección de las víctimas. La exigencia de dimisión de la ministra de Igualdad es un reflejo de la frustración y el dolor que sienten muchas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que ven cómo el sistema les falla una y otra vez.
