El descontento entre los sindicatos que representan a los empleados públicos en España ha alcanzado niveles alarmantes. La falta de respuesta del Gobierno en cuestiones cruciales como la negociación salarial ha llevado a los representantes de los trabajadores a expresar su indignación y a amenazar con reanudar las movilizaciones si no se produce un cambio en la situación actual. La situación es crítica, y los sindicatos han dejado claro que la negociación salarial es su prioridad número uno, especialmente en un contexto donde la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los funcionarios.
### La Urgencia de la Negociación Salarial
Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF, que representan a aproximadamente el 80% de los empleados públicos, han enviado una carta al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la que expresan su frustración por la «parálisis» en las negociaciones. A medida que se acerca el último trimestre del año, la incertidumbre sobre la subida salarial para 2025 se hace cada vez más palpable. Los sindicatos han señalado que no han recibido ningún aumento salarial correspondiente al ejercicio en curso, a pesar de que la inflación ha aumentado un 2,5% en promedio, lo que ha contribuido a una pérdida de poder adquisitivo acumulada del 20% desde los recortes de la última crisis.
La situación se complica aún más por la falta de convocatorias a la Mesa General de las Administraciones Públicas, el foro donde se discuten las propuestas de incremento salarial. Sin estas reuniones, los sindicatos sienten que no tienen un canal adecuado para expresar sus demandas y negociar mejoras. La respuesta del Gobierno ha sido remitir a la negociación presupuestaria, pero los sindicatos consideran que esto no es suficiente. «Es prioritario negociar la subida salarial de los funcionarios», recalcan, subrayando la necesidad de un diálogo constante y una mesa permanente para abordar los problemas que afectan a la función pública.
### Otros Temas Pendientes en la Función Pública
Además de la negociación salarial, los sindicatos han planteado otros temas que requieren atención urgente. Uno de ellos es la regulación de la jubilación parcial, que afecta a empleados laborales, funcionarios y personal estatutario. Este aspecto es crucial, ya que muchos trabajadores se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a su futuro laboral y sus derechos a la jubilación. La falta de claridad en esta normativa ha generado preocupación entre los empleados públicos, que ven cómo sus derechos pueden verse comprometidos.
Otro punto importante es la clasificación profesional de los trabajadores en el sector público. La adaptación de esta clasificación al sistema español de cualificaciones es un tema que ha quedado pendiente desde la firma del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que expiró en diciembre de 2024. Los sindicatos han instado al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos y a avanzar en la implementación de una clasificación que refleje adecuadamente las competencias y responsabilidades de los empleados públicos.
La jornada laboral de 35 horas también está en el centro de las demandas sindicales. A pesar de que esta medida ha sido adoptada en diversas comunidades autónomas, su implementación a nivel nacional sigue siendo un tema de debate. Los sindicatos argumentan que una jornada laboral más corta no solo beneficiaría a los empleados, sino que también podría mejorar la eficiencia y la calidad del servicio público.
Por último, los sindicatos han señalado la necesidad de reformar el sistema de oposiciones para acceder a los puestos en la función pública. La actual estructura de oposiciones ha sido criticada por su falta de transparencia y por no reflejar adecuadamente las necesidades del sector público. Los representantes de los trabajadores han pedido una revisión integral de este sistema para garantizar que se contrate a los mejores candidatos y se fomente la meritocracia.
### Movilizaciones y Futuro del Diálogo
Ante la falta de respuesta del Gobierno, los sindicatos han advertido que están dispuestos a reanudar y reforzar las movilizaciones que comenzaron en julio. La presión sobre el ministerio para que retome el diálogo es cada vez mayor, y los sindicatos han dejado claro que, si no obtienen una respuesta satisfactoria, tomarán las medidas que consideren necesarias para hacer valer sus derechos. La situación actual es un reflejo de la creciente tensión entre el Gobierno y los empleados públicos, que se sienten desatendidos y desprotegidos en un momento crítico.
La falta de comunicación y la inacción del ministerio han llevado a los sindicatos a una posición de confrontación, y la posibilidad de movilizaciones masivas se cierne sobre el horizonte. Los empleados públicos están decididos a luchar por sus derechos y a exigir un trato justo por parte del Gobierno. La situación es insostenible, y la necesidad de un diálogo constructivo es más urgente que nunca. Los sindicatos han enfatizado que es imprescindible retomar cuanto antes el diálogo permanente que permita recuperar la confianza y avanzar en la resolución de los problemas que afectan a la función pública.
En resumen, la crisis en la función pública española es un tema que requiere atención inmediata. La falta de negociación salarial, la incertidumbre sobre la jubilación, la clasificación profesional, la jornada laboral y el sistema de oposiciones son solo algunos de los temas que deben ser abordados con urgencia. Los sindicatos están dispuestos a luchar por sus derechos y a movilizarse si es necesario, y el Gobierno debe responder a estas demandas para evitar un conflicto mayor en el sector público.
