La reciente controversia en torno al reconocimiento de la prostitución como actividad económica en España ha generado un intenso debate entre el gobierno, los trabajadores sexuales y diversas organizaciones feministas. El Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Ana Redondo, ha decidido excluir los servicios sexuales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), lo que ha provocado una fuerte reacción por parte de quienes ejercen esta actividad. La decisión del gobierno se basa en la interpretación de una guía de Eurostat, que, al ser traducida, llevó a la inclusión accidental de la prostitución como actividad económica. Sin embargo, la reacción de los trabajadores sexuales ha sido clara: consideran que esta medida es un ataque a sus derechos y a su reconocimiento como profesionales.
La plataforma Stop Abolición, que agrupa a trabajadores sexuales, ha denunciado que el gobierno ha cedido a la presión de las asociaciones feministas, que ven en esta inclusión un intento del PSOE de favorecer encubiertamente la prostitución. Según los trabajadores sexuales, la base de la armonización fiscal que se les exige proviene de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que cualquier actividad económica debe estar sujeta a tributación si no está prohibida por la legislación nacional. Por lo tanto, argumentan que la eliminación de la prostitución de la CNAE no solo es injusta, sino que también contradice la realidad de que el trabajo sexual no está prohibido en España.
### La Lucha por el Reconocimiento y los Derechos Laborales
Los trabajadores sexuales en España han estado luchando durante años por el reconocimiento de sus derechos laborales. A pesar de que el trabajo sexual no está prohibido, las trabajadoras sexuales a menudo se ven obligadas a operar en la sombra debido a la falta de reconocimiento legal. Esto ha llevado a una situación en la que muchas de ellas utilizan epígrafes fiscales que no reflejan la naturaleza de su trabajo, lo que a su vez les impide acceder a beneficios como pensiones o préstamos hipotecarios.
La plataforma Stop Abolición ha argumentado que el reconocimiento de la prostitución como actividad económica es esencial para garantizar la seguridad y los derechos de quienes trabajan en este sector. En su opinión, la eliminación de la prostitución de la CNAE no solo es un intento de invisibilizar su trabajo, sino que también puede llevar a un aumento de la marginalidad y la violencia, como se ha observado en otros países que han adoptado políticas abolicionistas.
Miquel Bibiloni, secretario de relaciones internacionales del sindicato OTRAS, ha criticado duramente la decisión del gobierno y ha planteado dos hipótesis sobre la ministra Ana Redondo: o bien es consciente de lo que implica su decisión, o no se toma el tiempo para leer lo que aprueba. En cualquier caso, Bibiloni sostiene que Redondo no está capacitada para desempeñar su cargo, dado su historial de negarse a reunirse con colectivos de trabajadoras sexuales y su aparente falta de respeto hacia sus derechos humanos.
### Implicaciones de la Exclusión de la Prostitución de la CNAE
La decisión de excluir la prostitución de la CNAE tiene varias implicaciones significativas. En primer lugar, podría dificultar aún más el acceso de los trabajadores sexuales a servicios básicos y derechos laborales. Sin un reconocimiento claro de su actividad, se les niega la posibilidad de tributar adecuadamente y, por ende, de acceder a beneficios sociales. Esto perpetúa un ciclo de precariedad y vulnerabilidad que afecta a miles de personas en el país.
Además, la eliminación de la prostitución de la CNAE podría tener un impacto negativo en la economía. Los trabajadores sexuales ya contribuyen al Producto Interno Bruto (PIB) del país, y su exclusión podría llevar a una pérdida de ingresos fiscales que podrían ser utilizados para financiar servicios públicos. La plataforma Stop Abolición ha señalado que ya existe una población considerable de trabajadores sexuales que tributan bajo el epígrafe 96.99, que se refiere a «Otros servicios personales n.c.o.p». Por lo tanto, la eliminación de la prostitución de la CNAE no solo es un ataque a sus derechos, sino que también es una decisión económicamente insostenible.
La lucha por el reconocimiento de la prostitución como actividad económica no es solo una cuestión de derechos laborales, sino también de dignidad y respeto. Los trabajadores sexuales han expresado su deseo de ser escuchados y de tener un papel activo en la formulación de políticas que les afecten. La falta de diálogo entre el gobierno y los colectivos de trabajadoras sexuales ha llevado a una creciente frustración y desconfianza, lo que podría tener consecuencias a largo plazo para la política de igualdad en España.
En este contexto, es crucial que se abra un espacio de diálogo donde se puedan discutir las realidades del trabajo sexual y las necesidades de quienes lo ejercen. La despenalización del trabajo sexual y el reconocimiento de los derechos laborales son pasos necesarios hacia una mayor justicia social y económica. La lucha de los trabajadores sexuales por su reconocimiento y derechos es una cuestión de derechos humanos que no puede ser ignorada. La sociedad en su conjunto debe reflexionar sobre cómo se aborda el trabajo sexual y cómo se pueden crear políticas que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su ocupación.
