La inmigración ha sido un tema candente en la agenda política y social de España en los últimos años. Recientemente, el economista Jesús Fernández-Villaverde, catedrático en la Universidad de Pennsylvania, ha reavivado este debate al revelar que cada inmigrante no cualificado que llega a España representa un coste estimado de 200.000 euros para las arcas públicas a lo largo de su vida. Este dato, que proviene de un análisis realizado en 2007, ha generado una ola de reacciones y ha puesto en tela de juicio la sostenibilidad del sistema social español.
### Costes de la Inmigración No Cualificada
Fernández-Villaverde sostiene que la inmigración no cualificada y el Estado del bienestar son incompatibles. Según su análisis, el sistema actual de redistribución en España se basa en que el 70% de los ciudadanos de rentas bajas reciben transferencias netas del Estado, mientras que el 10% superior de la población es quien sostiene el sistema como contribuyente neto. En este contexto, el 99% de los inmigrantes que llegan a España desde fuera de la Unión Europea se sitúan en el 90% inferior de renta, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad del modelo actual.
El coste de 200.000 euros por inmigrante no cualificado no es un dato aislado. Se alinea con las conclusiones de un informe reciente de la fundación NEOS, que estima que el coste del exceso de inmigración en España ronda los 30.000 millones de euros anuales. Este elevado coste se explica por el alto número de inmigrantes en paro, que actualmente supera los 1,4 millones, y por el efecto multiplicador de familiares dependientes, como menores o cónyuges sin actividad laboral. Además, la presión sobre los servicios públicos, especialmente en educación, sanidad y vivienda social, se ha intensificado, lo que ha llevado a un aumento de la competencia en el mercado laboral, afectando a los salarios y a la precariedad laboral.
### Un Debate en Aumento
La revelación de Fernández-Villaverde ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad del Estado del bienestar y la viabilidad del sistema de pensiones en España. El economista ha citado como ejemplo a Dinamarca, que ha revisado su modelo tras detectar altos costes asociados a la inmigración y ha endurecido su política migratoria. En este sentido, ha propuesto una solución controvertida: reducir las pensiones entre un 10% y un 15% de forma progresiva. Aunque reconoce que esta propuesta no es popular, argumenta que es necesario proteger el bienestar de las generaciones jóvenes, aunque eso implique sacrificios para la población mayor.
Fernández-Villaverde también se ha mostrado partidario de un repliegue migratorio, sugiriendo que entre 3 y 4 millones de inmigrantes deberían salir del país para garantizar la viabilidad del Estado social. Según su análisis, la inmigración debería limitarse a cubrir huecos específicos del mercado laboral, en lugar de ser la base estructural del sistema de pensiones. A pesar de que su informe no fue publicado en su momento debido a la falta de interés político, su análisis sigue siendo relevante en el contexto actual.
Mientras que países como Alemania o Francia continúan debatiendo reformas en sus políticas de inmigración laboral, el modelo español parece estar anclado en una estrategia reactiva y asistencialista, más centrada en la acogida que en la cualificación. Esta situación ha generado tensiones sociales y fracturas políticas, especialmente en regiones con alta densidad migratoria y niveles elevados de desempleo juvenil.
El debate sobre la inmigración en España es complejo y multifacético, y las opiniones están divididas. Algunos argumentan que la inmigración es esencial para el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema de pensiones, mientras que otros, como Fernández-Villaverde, advierten sobre los costes a largo plazo y la necesidad de un enfoque más crítico y sostenible. En cualquier caso, es evidente que la inmigración seguirá siendo un tema central en la política española y que se requieren soluciones innovadoras y efectivas para abordar los desafíos que plantea.
