En el periodo comprendido entre 2006 y 2013, un total de 92.106 coches fueron matriculados en Cantabria. Sin embargo, muchos de estos propietarios se han visto afectados por un cártel de precios que ha llevado a la justicia a un grupo de perjudicados que busca recuperar parte de lo que consideran un sobrecoste en la compra de sus vehículos. La Unión de Perjudicados por el Cártel del Automóvil (Upercar) ha sido fundamental en este proceso, logrando que los tribunales cántabros reconozcan indemnizaciones que, aunque no alcanzan las expectativas iniciales de los demandantes, ofrecen un alivio económico a quienes se sintieron engañados por las marcas automovilísticas.
La historia de Nieves Rodríguez, una vecina de Santander, es representativa de muchos afectados. En 2013, compró un Toyota Yaris por 13.000 euros y, tras enterarse en 2022 de su situación como perjudicada por el cártel, decidió acudir a los tribunales. Recientemente, recibió una indemnización de 1.300 euros, equivalente al 5% del valor de su coche, más los intereses correspondientes. «Estoy contenta porque era un dinero con el que no contaba. Me he llevado una grata sorpresa cuando he visto el ingreso en mi cuenta», comenta Nieves, quien anima a otros afectados a reclamar lo que les corresponde.
El cártel de coches, que involucró a marcas como Toyota, Volkswagen, BMW y muchas más, consistió en un acuerdo entre estas empresas para fijar precios y descuentos en los vehículos vendidos durante esos años. Esto resultó en un sobrecoste significativo para los consumidores, quienes ahora buscan justicia. A pesar de que la Unión de Perjudicados esperaba indemnizaciones de entre el 10% y el 15% del precio pagado, la realidad ha sido diferente en los juzgados de Cantabria, donde se ha establecido un criterio que reconoce solo el 5% del valor de compra.
El abogado Lope Crespo de Lara, del despacho Cañadío, que forma parte de Upercar, explica que la situación es desigual en el resto de España. Mientras algunos juzgados conceden un 10% de indemnización, otros han desestimado las demandas. En Cantabria, la decisión de reconocer un 5% se basa en la dificultad de determinar el perjuicio exacto causado por el cártel. A pesar de esto, los abogados de la plataforma han logrado obtener sentencias favorables para una treintena de afectados, mientras que otros 400 casos aún están pendientes de resolución.
Para aquellos que deseen reclamar, el proceso es relativamente sencillo. Solo se necesita presentar la factura de compra del vehículo o, en caso de no tenerla, solicitar el modelo 576 a la Agencia Tributaria, que es el impuesto que se paga al adquirir un coche. Sin embargo, el tiempo es limitado, ya que el plazo para presentar reclamaciones finalizará a mediados de 2026, dependiendo de la marca del vehículo.
A pesar de las dificultades, la Upercar ha logrado gestionar un gran volumen de demandas, y otros despachos en la región también han obtenido sentencias favorables. Por ejemplo, el Grupo Alega ha conseguido que la Audiencia Provincial de Cantabria confirme una indemnización de 1.147 euros a favor de una demandante. Esto demuestra que, aunque el camino hacia la justicia puede ser largo y complicado, hay esperanza para aquellos que se sienten perjudicados por este cártel.
El impacto de este cártel no solo afecta a los propietarios de vehículos, sino que también plantea preguntas sobre la regulación del sector automotriz y la protección del consumidor. La existencia de un cártel que manipula precios es un claro indicativo de la necesidad de una supervisión más estricta en la industria automovilística. Las autoridades deben tomar medidas para garantizar que los consumidores no sean víctimas de prácticas desleales y que las empresas actúen con transparencia.
La situación actual en Cantabria es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchos consumidores en toda España. La lucha de los afectados por el cártel de coches es un recordatorio de la importancia de estar informados y de actuar ante situaciones de injusticia. La unión de los perjudicados y el apoyo de los abogados han sido clave para avanzar en este proceso, y es fundamental que más personas se sumen a la causa para reclamar lo que les corresponde.
En resumen, la historia de Nieves Rodríguez y otros afectados por el cártel de coches en Cantabria es una muestra de cómo la perseverancia y la unión pueden llevar a resultados positivos, aunque sean menores a lo esperado. La indemnización del 5% puede no ser suficiente para muchos, pero representa un paso hacia la justicia y un recordatorio de que los consumidores tienen derechos que deben ser defendidos. La lucha continúa, y es esencial que aquellos que se sientan perjudicados no duden en reclamar lo que les corresponde, ya que el tiempo para hacerlo se agota.
