Colombia enfrenta un momento crítico tras una serie de ataques atribuidos a disidencias de las FARC, que han dejado al menos 19 muertos y decenas de heridos en dos incidentes separados. El primero ocurrió en Cali, donde un atentado con explosivos contra una base militar ha sido calificado como uno de los peores ataques terroristas en años. El segundo incidente, el derribo de un helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia, ha intensificado la preocupación sobre la seguridad en el país. Estos eventos han llevado al presidente Gustavo Petro a describir el día como «un día de muerte» y han generado un debate sobre la efectividad de su gobierno en el manejo de la violencia armada.
Los ataques en Cali y Amalfi han sido atribuidos a diferentes facciones de las disidencias de las FARC. En el caso de Cali, el ataque fue ejecutado por el Estado Mayor Central, dirigido por Iván Mordisco, mientras que el derribo del helicóptero fue relacionado con el frente 36, liderado por Calarcá. Esta fragmentación de grupos armados ha creado un escenario complejo en el que múltiples facciones compiten por el control territorial, lo que ha resultado en un aumento de la violencia en varias regiones del país.
La situación se complica aún más por el contexto político en el que se producen estos ataques. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, que buscaba poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, han surgido diversas disidencias que han rechazado el proceso de paz. Este resurgimiento de la violencia ha llevado a muchos a cuestionar la postura conciliadora del gobierno de Petro hacia los grupos armados, sugiriendo que podría estar contribuyendo al aumento de la violencia.
### Detalles del Ataque en Cali
El ataque en Cali se llevó a cabo en la base aérea Marco Fidel Suárez, donde se utilizaron cilindros bomba cargados en un camión. Testigos informaron sobre explosiones y el caos que siguió, con muchas personas heridas y daños a varias viviendas cercanas. La explosión, que ocurrió alrededor de las 15:00 hora local, resultó en la muerte de seis civiles y dejó a otros 65 heridos. En respuesta, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, declaró un estado de emergencia y ofreció una recompensa de 100,000 dólares por información que conduzca a los responsables.
Este ataque no es un evento aislado. En los últimos meses, el departamento de Valle del Cauca ha sido blanco de múltiples ataques, lo que ha llevado a un aumento de la presencia militar en la región. En junio, se atribuyó al Estado Mayor Central una serie de explosiones y ataques armados que dejaron siete muertos, lo que indica un patrón de violencia creciente en la zona.
La situación en Cali refleja un problema más amplio en Colombia, donde diferentes grupos armados, incluidos disidencias de las FARC, el ELN y facciones herederas del paramilitarismo, luchan por el control territorial. Esta lucha ha resultado en un aumento de la violencia, que aunque no alcanza los niveles de las décadas pasadas, sigue siendo motivo de preocupación para los ciudadanos y el gobierno.
### El Derribo del Helicóptero en Amalfi
Poco después del ataque en Cali, un helicóptero de la policía fue derribado en Amalfi, Antioquia, en un ataque que el general de la policía, Carlos Fernando Triana, calificó como «acción terrorista». Este ataque resultó en la muerte de 13 agentes de policía y fue realizado con un dron mientras la aeronave se dirigía a apoyar labores de erradicación de cultivos ilícitos. Inicialmente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, atribuyó el ataque al Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas en Colombia, pero luego se confirmó que fue obra de la facción escindida del Estado Mayor Central.
Este tipo de ataques subraya la creciente sofisticación y audacia de los grupos armados en Colombia. La utilización de drones para derribar un helicóptero policial muestra un nivel de organización y recursos que no se había visto en años recientes. Además, la respuesta del gobierno ha sido rápida, con el presidente Petro viajando a Cali para reunirse con altos mandos militares y funcionarios del gobierno, aunque la idea de establecer un «estado de conmoción interior» fue descartada.
La respuesta del gobierno incluye la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para abordar las secuelas de la emergencia y aumentar la presencia militar en la región. Sin embargo, muchos ciudadanos se preguntan si estas medidas serán suficientes para frenar el aumento de la violencia y restaurar la seguridad en el país.
### Implicaciones para el Gobierno de Petro
Los recientes ataques han aumentado la presión sobre el gobierno de Gustavo Petro, quien ha sido criticado por su enfoque conciliador hacia los grupos armados. Sus opositores argumentan que esta postura ha contribuido al repunte de la violencia, lo que ha llevado a un debate sobre la efectividad de su estrategia de paz. A pesar de que la violencia actual no se compara con los niveles de las décadas de 1980 y 1990, el temor a un regreso a esos tiempos oscuros persiste entre la población.
La situación actual plantea preguntas difíciles sobre el futuro de la paz en Colombia. A medida que los grupos armados parecen recuperar fuerza y capacidad para llevar a cabo ataques coordinados, el gobierno deberá encontrar un equilibrio entre el diálogo y la firmeza en su respuesta a la violencia. La fragmentación de las disidencias de las FARC y la competencia entre diferentes grupos por el control territorial complican aún más la situación, haciendo que la paz parezca un objetivo cada vez más distante.
La comunidad internacional también observa con atención la evolución de la situación en Colombia. La estabilidad del país es crucial no solo para su población, sino también para la región en su conjunto. La violencia y la inestabilidad pueden tener repercusiones que trascienden las fronteras, afectando a países vecinos y complicando los esfuerzos por la paz y la seguridad en América Latina. A medida que Colombia navega por este momento crítico, el camino hacia la paz y la reconciliación se vuelve más incierto.
