La situación política en Nicaragua ha tomado un giro alarmante en los últimos meses, con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificando su control sobre el país. La purga interna que se está llevando a cabo no solo busca eliminar a los opositores, sino también consolidar el poder de Murillo, quien ha sido apodada la «copresidenta» del régimen. Este artículo examina las recientes acciones del gobierno nicaragüense, incluyendo la represión de disidentes y la expropiación de bienes, así como el contexto de corrupción que rodea a la administración actual.
### La Purga Interna y la Represión de Opositores
Desde abril de 2018, Nicaragua ha estado sumida en una ola de represión que ha llevado a la detención de numerosos opositores al régimen. La reciente captura de figuras clave, como el exasesor económico Bayardo Arce y el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, ha sido justificada por el gobierno bajo el pretexto de combatir la corrupción. Sin embargo, muchos analistas consideran que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para eliminar a aquellos que podrían desafiar el poder de Murillo en el futuro.
La Procuraduría General de Justicia de Nicaragua ha acusado a Baltodano y su hijo de lavado de dinero, alegando que crearon «sociedades de papel» para evadir impuestos y lavar dinero proveniente de actividades delictivas. Esta narrativa, aunque presentada como un esfuerzo por parte del gobierno para limpiar la corrupción, es vista por muchos como una táctica para deshacerse de antiguos aliados que ya no son útiles al régimen.
La represión no se limita a figuras prominentes; más de una veintena de opositores han sido detenidos en una reciente redada, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a denunciar la situación como una violación sistemática de los derechos fundamentales. Hasta la fecha, se estima que al menos 54 disidentes permanecen encarcelados, incluidos varios adultos mayores, lo que subraya la brutalidad del régimen.
### Expropiaciones y Control de Recursos
En paralelo a la represión política, el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado su control sobre los recursos económicos del país. Recientemente, Murillo anunció la expropiación de un colegio perteneciente a la Congregación Hermanas Josefinas, argumentando que el lugar había sido utilizado para torturar y asesinar a sandinistas durante las protestas de 2018. Esta afirmación, hecha sin pruebas concretas, ha sido condenada por la comunidad internacional como un acto más de la «perversidad de la dictadura».
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado estas expropiaciones como una prueba de que el régimen no tiene límites en su búsqueda de consolidar el poder. La confiscación de bienes religiosos y educativos es vista como un intento de desmantelar cualquier oposición que pueda surgir desde la sociedad civil, especialmente de instituciones que históricamente han jugado un papel en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.
La situación en Nicaragua se ha vuelto insostenible, con un gobierno que no solo reprime a sus opositores, sino que también se apodera de recursos estratégicos del país. La cancelación de contratos de concesión a empresas cercanas al régimen, como la Momotombo Power Company, ha sido justificada por el gobierno como una medida contra la corrupción, pero muchos creen que es una forma de eliminar a competidores y consolidar el control estatal sobre la economía.
### Contexto Internacional y Reacciones
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante la escalada de la represión en Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos han instado a los gobiernos de todo el mundo a condenar las acciones del régimen y a tomar medidas para presionar a Ortega y Murillo. Sin embargo, la respuesta ha sido limitada, y muchos críticos argumentan que se necesita una acción más contundente para abordar la crisis humanitaria en el país.
La situación en Nicaragua es un recordatorio de cómo los regímenes autoritarios pueden utilizar la represión y la corrupción para mantenerse en el poder. A medida que Ortega y Murillo continúan eliminando a sus opositores y consolidando su control, el futuro del país parece cada vez más sombrío. La falta de un diálogo político genuino y la represión sistemática de la disidencia han llevado a una polarización extrema en la sociedad nicaragüense, lo que dificulta cualquier posibilidad de reconciliación o cambio pacífico.
En este contexto, la figura de Rosario Murillo se ha vuelto central. Su papel como copresidenta no solo la coloca en una posición de poder, sino que también la convierte en un símbolo de la resistencia del régimen ante la presión interna y externa. A medida que se intensifican las purgas y las expropiaciones, la consolidación de su poder parece ser una prioridad para el gobierno, lo que plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
