En los últimos años, las comunidades autónomas de España han enfrentado un creciente desafío financiero, especialmente en lo que respecta a la deuda pública. Según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se prevé que los intereses de la deuda que deben pagar las autonomías se tripliquen entre 2022 y 2028. Este aumento significativo plantea serias implicaciones para la gestión económica de las regiones y la sostenibilidad de sus políticas públicas.
### La Proyección de la Deuda y sus Implicaciones
El informe de Fedea estima que las comunidades autónomas abonarán alrededor de 12.000 millones de euros en intereses de su deuda pública en 2028, un aumento considerable desde los 3.608 millones de euros que pagaron en 2022. Esta proyección se basa en datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Banco de España y el Tesoro, y se considera conservadora, ya que no contempla posibles condonaciones de deuda pública autonómica por parte del Estado.
Los factores que impulsan este aumento son, en primer lugar, el significativo incremento de los tipos de interés que enfrentan las haciendas autonómicas en comparación con el periodo 2015-2021. Se espera que estos tipos se mantengan elevados en los próximos años, lo que afectará directamente a la capacidad de las comunidades para gestionar su deuda. En segundo lugar, el elevado volumen de deuda acumulada por las autonomías también contribuye a esta situación.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en febrero que el Estado condonará un total de 83.252 millones de euros de deuda autonómica, beneficiando a todas las comunidades del régimen. Sin embargo, se anticipa que la aprobación de esta medida se retrase hasta principios de 2026 debido a la falta de consenso político.
### Regiones Más Afectadas por el Aumento de Intereses
El informe de Fedea destaca que Cataluña será la región más afectada por el aumento de los intereses de la deuda. Se estima que la Generalitat deberá destinar 2.822 millones de euros más al pago de intereses en 2028, lo que representa un incremento de 1.800 millones de euros respecto a 2022. Otras comunidades como la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Andalucía también verán aumentos significativos en sus pagos de intereses, lo que obligará a estas regiones a redirigir recursos desde otras políticas públicas hacia el servicio de la deuda.
En términos relativos, las comunidades que experimentarán los mayores incrementos porcentuales son La Rioja, con un aumento del 739%, Canarias (510%), Castilla-La Mancha (390%) y la Comunidad Valenciana (433%). Esta situación plantea un dilema para los gobiernos autonómicos, que deben equilibrar la necesidad de financiar sus servicios públicos con la presión creciente de los pagos de intereses.
Fedea advierte que las comunidades deben ser cautelosas al considerar políticas fiscales expansivas en el futuro. La posibilidad de reducir impuestos o embarcarse en proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales. En total, se estima que el volumen de deuda regional absoluto aumentará en 45.854 millones de euros entre 2022 y 2028, lo que resultará en un montante total de deuda pública de 362.944 millones de euros en 2028.
A pesar de este aumento en la deuda, Fedea señala que la ratio de deuda pública sobre el PIB podría reducirse hasta el 19,1% en 2028, desde el 23,9% en 2022, gracias al crecimiento previsto del PIB. Sin embargo, este crecimiento no será suficiente para mitigar el impacto del aumento de los intereses de la deuda, lo que obligará a las comunidades a tomar decisiones difíciles en cuanto a la asignación de recursos.
La situación actual requiere que las comunidades autónomas evalúen cuidadosamente sus políticas fiscales y de gasto. La necesidad de redirigir recursos hacia el pago de intereses de la deuda podría limitar su capacidad para invertir en áreas críticas como la educación, la sanidad y la infraestructura. A medida que se acercan las elecciones y los gobiernos autonómicos buscan cumplir con las expectativas de sus ciudadanos, el desafío de gestionar la deuda pública se vuelve aún más apremiante.
En resumen, el aumento previsto en los intereses de la deuda pública representa un desafío significativo para las comunidades autónomas de España. Con la necesidad de redirigir recursos hacia el pago de intereses, las autonomías se enfrentan a la difícil tarea de equilibrar sus presupuestos y garantizar la sostenibilidad de sus políticas públicas. La gestión prudente de la deuda y la evaluación de las políticas fiscales serán cruciales para navegar este complejo panorama económico.