El Partido Popular (PP) ha tomado una postura firme al solicitar al Tribunal de Cuentas un exhaustivo informe de fiscalización sobre los contratos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado a la empresa china Huawei en los últimos cinco años. Esta petición no solo se limita a Huawei, sino que también incluye un análisis de las adjudicaciones a otras compañías chinas, como Hikvision, que están involucradas en servicios de alta sensibilidad, desde sistemas de escucha judicial hasta la vigilancia de infraestructuras críticas en la frontera sur de Europa, especialmente en Ceuta y Melilla.
### Riesgos de Seguridad Nacional
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha expresado su preocupación sobre los riesgos que estas prácticas pueden representar para la seguridad nacional. Según Bravo, la relación del Gobierno con estas empresas chinas podría abrir la puerta a un espionaje evidente, comprometiendo no solo la seguridad de España, sino también la de sus aliados europeos y americanos. «Necesitamos saber qué está pasando, cuáles son los riesgos y qué intereses está defendiendo este Gobierno», ha declarado Bravo, subrayando la urgencia de la situación.
La solicitud del PP incluye la comparecencia de varios ministros clave en el Congreso, entre ellos José Manuel Albares (Asuntos Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa). Además, se ha solicitado la presencia del máximo responsable de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda para que explique los criterios de adjudicación y los mecanismos de control que se han implementado.
Bravo ha calificado el contrato con Huawei como una nueva rama de corrupción gubernamental, enmarcándolo dentro de un patrón de adjudicaciones opacas que están vinculadas a intereses políticos. Esta situación ha generado un clima de desconfianza y ha llevado al PP a exigir una mayor transparencia en la gestión de los contratos públicos.
### Propuestas para el Sistema Alimentario
En un contexto paralelo, el PP ha presentado en el Senado una Proposición de Ley que busca blindar el sistema alimentario, considerándolo un ámbito estratégico y esencial para la economía española. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el suministro y la seguridad de los alimentos en situaciones de crisis, así como reforzar la sostenibilidad y rentabilidad del sector agrario, ganadero y pesquero.
La propuesta también busca dotar a las empresas del sector de herramientas legales y financieras que les permitan competir en un mercado global que enfrenta crecientes barreras arancelarias. Bravo ha recordado que la Política Agraria Común (PAC) destinó 4.882 millones de euros en 2024 a casi 600.000 agricultores, enfatizando la necesidad de proteger a quienes alimentan a España frente a la volatilidad internacional.
En medio de esta situación, Bravo ha criticado al presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, acusándolo de desviar la atención sobre la financiación singular del independentismo mediante debates como el del «dumping fiscal». Según Bravo, bajo el Gobierno de Sánchez, los españoles han pagado 140.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones desde 2018. Los datos de la Agencia Tributaria indican que en los primeros seis meses de 2025 se han abonado 18.000 millones más que en el mismo periodo de 2018, y la proyección para todo el año apunta a 170.000 millones adicionales respecto a hace siete años.
Esta situación ha llevado al PP a proponer una reforma fiscal que busque reducir impuestos y recuperar la capacidad de gasto de las familias, calificando la actual situación como un «auténtico infierno fiscal». La presión sobre las clases medias y bajas ha aumentado, dificultando su capacidad para cubrir necesidades básicas como la luz, el gas o la cesta de la compra, así como para disfrutar de unas vacaciones dignas.
La solicitud de investigación sobre los contratos con Huawei y la propuesta de ley para el sistema alimentario son solo dos de las acciones que el PP ha tomado en un contexto político marcado por la incertidumbre y la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública. La situación actual plantea interrogantes sobre la dirección que tomará el Gobierno en los próximos meses y cómo estas decisiones afectarán a la economía y la seguridad del país.
