La reciente presión del Consejo de Europa sobre el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto de manifiesto la creciente preocupación por la falta de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública española. En un contexto donde las investigaciones judiciales por corrupción se intensifican, el organismo europeo ha emitido un informe que exige la publicación de todas las reuniones mantenidas por los miembros del Ejecutivo, especialmente aquellas que no están registradas oficialmente. Esta situación ha suscitado un debate sobre la integridad institucional y la confianza pública en las instituciones democráticas.
La crítica del Consejo de Europa se centra en la opacidad de las agendas del presidente y sus ministros, un aspecto que, según el informe, erosiona la confianza de la ciudadanía y vulnera su derecho a conocer la actividad de sus representantes. Desde 2019, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha emitido 19 recomendaciones que, hasta la fecha, no han sido cumplidas en su totalidad. Entre las más relevantes se encuentra la necesidad de hacer públicas las agendas de los altos funcionarios, lo que permitiría un mayor control sobre las influencias externas y los posibles conflictos de interés.
La falta de transparencia en la gestión pública se ha convertido en un talón de Aquiles para el Gobierno de Sánchez. A pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia, el Ejecutivo ha mantenido una política de no publicación de reuniones con empresas, lobbies y otros actores de interés, lo que ha sido calificado por GRECO como una «oportunidad perdida» para fortalecer la rendición de cuentas. Este vacío informativo es especialmente preocupante en el contexto de escándalos recientes, como la trama de adjudicación de contratos públicos vinculada al PSOE y la investigación judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente, por delitos relacionados con la corrupción.
Uno de los casos más notorios que ilustra esta falta de transparencia es la reunión no registrada entre Sánchez y el empresario Juan Carlos Barrabés, que se llevó a cabo semanas después de que Gómez firmara cartas de recomendación en su favor. Este encuentro, cuya existencia se conoció solo tras una solicitud oficial de transparencia, no fue incluido en la agenda del presidente, lo que ha generado aún más dudas sobre la integridad de las decisiones tomadas en el ámbito gubernamental.
La crítica del GRECO no se limita únicamente a la falta de publicación de agendas. También se ha señalado la ausencia de regulación sobre la figura de los asesores políticos, el uso indebido de la prerrogativa de aforamiento y la falta de legislación eficaz sobre lobbies. El informe destaca que la Oficina de Conflictos de Interés carece de independencia estructural y presupuesto propio, lo que dificulta la fiscalización efectiva de las declaraciones financieras y patrimoniales de los altos cargos. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente los conflictos de interés y garantizar que los antiguos funcionarios no utilicen su influencia en beneficio propio o de terceros.
La opacidad institucional se vuelve aún más preocupante en tiempos de crisis política y judicial. La combinación de asesores sin control, ministros bajo sospecha y una falta general de transparencia ha convertido a Moncloa en un espacio político de difícil escrutinio público. La crítica del Consejo de Europa no es simplemente una cuestión técnica sobre buenas prácticas, sino una advertencia formal sobre el deterioro democrático en España. Esta advertencia se intensifica al recordar que dos de los hombres fuertes del presidente, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, están imputados por corrupción, uno de ellos en prisión preventiva.
La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno de Sánchez. La presión internacional y la creciente desconfianza de la ciudadanía podrían tener repercusiones en la estabilidad política del país. La falta de transparencia no solo afecta la percepción pública del Gobierno, sino que también puede tener implicaciones en la capacidad del Ejecutivo para implementar políticas efectivas y mantener la confianza de sus ciudadanos.
En este contexto, es crucial que el Gobierno tome medidas concretas para abordar las preocupaciones planteadas por el Consejo de Europa. La publicación de agendas, la regulación de lobbies y la creación de mecanismos efectivos para evitar conflictos de interés son pasos necesarios para restaurar la confianza pública y garantizar la integridad institucional. La transparencia no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad para fortalecer la democracia y mejorar la relación entre el Gobierno y la ciudadanía.
La presión del Consejo de Europa es un recordatorio de que la comunidad internacional está atenta a la situación en España. La falta de acción por parte del Gobierno podría llevar a una mayor intervención y supervisión externa, lo que podría complicar aún más la situación política en el país. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia, y es hora de que el Gobierno de Sánchez reconozca la importancia de estos principios en su gestión.
En resumen, la exigencia de transparencia por parte del Consejo de Europa es una llamada de atención para el Gobierno español. La falta de claridad en las actividades gubernamentales no solo socava la confianza pública, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de las instituciones democráticas. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para abordar estas preocupaciones y garantizar que el Gobierno actúe de manera responsable y transparente en el futuro.
