El caso Koldo ha cobrado un protagonismo inesperado en el panorama político español, especialmente en el contexto de la gestión de la pandemia. Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, ha presentado una querella criminal que pone en tela de juicio la integridad de un informe elaborado por la Subdirección General de Inspección de los Servicios. Este informe, que se centra en la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria, ha sido acusado de contener falsedades y manipulaciones intencionadas. La querella, presentada el 30 de julio de 2025, no solo busca la vindicación de García, sino que también expone una serie de irregularidades que podrían tener repercusiones significativas en el ámbito político.
### Contexto del Informe y las Acusaciones
El informe en cuestión, fechado el 19 de agosto de 2024, ha sido objeto de controversia desde su publicación. Según la querella, este documento fue manipulado con el objetivo de incriminar a Koldo García y a otros funcionarios del ministerio. La defensa de García argumenta que el informe contradice las conclusiones del Tribunal de Cuentas, que en octubre de 2022 validó la legalidad de los procedimientos de emergencia utilizados para la adquisición de mascarillas. Mientras que el Tribunal de Cuentas afirmó que el proceso fue “justificado tanto formal como materialmente”, la auditoría interna sostiene que no se cumplieron los requisitos exigibles, lo que genera una clara discrepancia entre ambas evaluaciones.
Uno de los puntos más críticos de la querella es la supuesta omisión de un documento clave: el cuadro de previsión de necesidades de mascarillas elaborado por los órganos técnicos del ministerio el 19 de marzo de 2020. Esta omisión, según la defensa, impidió una adecuada contextualización del aumento de compras durante los momentos más críticos de la pandemia. La falta de este documento podría haber llevado a interpretaciones erróneas sobre la gestión de recursos y la toma de decisiones en un periodo de crisis.
### Testimonios y Procedimientos Cuestionados
La querella también destaca la alteración de testimonios de altos cargos que comparecieron ante la Audiencia Nacional. Michaux Miranda, exdirector de ADIF, e Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, denunciaron que sus declaraciones fueron descontextualizadas y manipuladas para ajustarse a una narrativa incriminatoria. Pardo de Vera fue especialmente contundente al afirmar que el informe no se ajusta a los estándares de una auditoría, describiéndolo como “incompleto” y “sin respaldo normativo vigente”.
Este tipo de manipulación de testimonios plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso de auditoría y su validez como prueba en procedimientos judiciales. La querella también señala un vacío legal en el encargo de la auditoría, que se realizó el 27 de febrero de 2024, justo después de la detención de Koldo García. Sin embargo, el Real Decreto que otorgaba competencias al órgano auditor no entró en vigor hasta el 12 de marzo, lo que cuestiona la legalidad del informe y su uso en investigaciones posteriores.
La defensa de García ha presentado audios que, según ellos, evidencian la manipulación intencionada del informe. En uno de estos audios, se escucha a un funcionario afirmando que “ella utiliza la inspección y luego hace el informe y pone lo que le da la gana”. Esta declaración refuerza la acusación de que el informe fue elaborado con la intención de construir una narrativa de culpabilidad en torno a García y otros implicados.
### Implicaciones Políticas y Judiciales
El caso Koldo no solo afecta a los individuos directamente implicados, sino que también tiene implicaciones más amplias para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su entorno. La querella busca no solo desacreditar el informe, sino también exponer una supuesta estrategia político-administrativa destinada a fabricar indicios incriminatorios en un momento de alta tensión judicial para el partido. La situación se complica aún más con la reciente dimisión de varios miembros del PSOE y las acusaciones de corrupción que han surgido en torno a otros funcionarios.
La presentación de esta querella podría abrir la puerta a una serie de investigaciones adicionales que examinen la gestión del ministerio durante la pandemia y la forma en que se han manejado las auditorías internas. Si se demuestra que hubo manipulación y falsedad documental, las repercusiones podrían ser significativas, no solo para los individuos implicados, sino también para la credibilidad del gobierno y su capacidad para gestionar crisis futuras.
El caso Koldo es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la integridad en la administración pública, especialmente en tiempos de crisis. La gestión de la pandemia ha sido un tema delicado y polémico, y cualquier indicio de irregularidad puede tener un impacto duradero en la percepción pública y la confianza en las instituciones. A medida que avanza este caso, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas se tomarán para garantizar que se haga justicia y se mantenga la integridad del sistema político.
