La reciente decisión del Tribunal Supremo de España ha puesto en el centro de la atención pública la situación de la cantera Laherrán S.A., ubicada en Arce, en el municipio de Piélagos, Cantabria. Esta sentencia ratifica el cierre de la explotación, que ha sido objeto de denuncias y litigios durante más de una década. La resolución del alto tribunal no solo destaca la falta de licencias y permisos necesarios para operar, sino que también pone de relieve la responsabilidad del Ayuntamiento de Piélagos en la ejecución de esta orden de cierre.
### Un Proceso Judicial Prolongado
La historia de la cantera Laherrán es un claro ejemplo de cómo la inacción institucional puede permitir que actividades ilegales continúen durante años. Desde que se emitió la primera denuncia formal en 2009 por parte del SEPRONA, la situación ha ido escalando. En 2016, el Ayuntamiento de Piélagos dictó la clausura de la cantera y abrió un expediente sancionador por presuntas infracciones urbanísticas. Sin embargo, a pesar de estas decisiones, la empresa ha seguido operando, argumentando en diversas ocasiones que su actividad era legal.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) había dictado previamente una sentencia que revocaba las medidas cautelares que permitían a Laherrán continuar su actividad. Esta decisión fue ahora confirmada por el Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación presentado por la empresa. La falta de fundamentación y el interés casacional fueron las razones esgrimidas por el alto tribunal para desestimar el recurso, lo que significa que la decisión del TSJC queda firme y la empresa deberá afrontar las costas procesales.
### Impacto Ambiental y Salud Pública
La explotación de la cantera ha suscitado preocupaciones significativas entre los vecinos y colectivos ecologistas. Ecologistas en Acción ha denunciado que la cantera opera sin las licencias municipales necesarias, incluyendo la de actividad y la Declaración de Impacto Ambiental, un requisito esencial desde los años 90. La falta de estos permisos no solo es un incumplimiento de la normativa, sino que también plantea serias dudas sobre el impacto ambiental que la actividad de la cantera puede estar causando en una zona cercana a espacios naturales protegidos.
Los ecologistas han señalado que la cantera ha estado funcionando de manera irregular durante 75 años, lo que la convierte en un caso excepcional en el contexto español. La explotación de áridos y la actividad de molienda que se llevan a cabo en la cantera no solo afectan el paisaje, sino que también pueden tener repercusiones en la salud pública de los residentes cercanos. Los ruidos, el polvo y el tráfico de camiones son solo algunas de las quejas que han expresado los vecinos, quienes han respaldado las acciones de Ecologistas en Acción.
La responsabilidad ahora recae en el Ayuntamiento de Piélagos, que debe ejecutar la orden de cierre sin más dilaciones. La presión de los ecologistas y de los vecinos ha aumentado, y muchos exigen que se garantice el cumplimiento de la legalidad urbanística. La inacción del consistorio ha sido criticada, y se espera que esta vez se tomen medidas efectivas para cerrar la cantera y proteger el entorno.
### La Reacción de la Comunidad
La comunidad local ha estado muy activa en la denuncia de la situación de la cantera. Los vecinos han formado grupos de presión y han llevado a cabo diversas acciones para visibilizar su descontento. La situación ha generado un debate sobre la responsabilidad de las instituciones en la protección del medio ambiente y la salud pública. La falta de acción por parte del Ayuntamiento ha llevado a muchos a cuestionar la eficacia de las políticas ambientales en la región.
Ecologistas en Acción ha reiterado su llamado al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, para que actúe con firmeza y cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo. La organización ha señalado que la prolongada permisividad institucional ha permitido que la cantera opere sin control durante demasiado tiempo. La presión social y mediática podría ser un factor determinante para que el consistorio finalmente actúe y cierre la explotación de manera efectiva.
### Un Futuro Incierto
A pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, el futuro de la cantera Laherrán sigue siendo incierto. La empresa ha demostrado una notable resistencia a las decisiones judiciales, y no se puede descartar que intente nuevas estrategias legales para continuar su actividad. Sin embargo, la presión de la comunidad y de los grupos ecologistas podría ser suficiente para forzar al Ayuntamiento a cumplir con la ley y cerrar la cantera de una vez por todas.
La situación de la cantera Laherrán es un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y la necesidad de que las instituciones actúen en defensa del medio ambiente y la salud pública. La comunidad de Piélagos ha mostrado su determinación para luchar por un entorno más saludable y sostenible, y la reciente decisión del Tribunal Supremo podría ser un paso hacia la justicia ambiental en la región. La historia de Laherrán es un claro ejemplo de cómo la inacción puede tener consecuencias graves, y la comunidad espera que esta vez se tomen las medidas necesarias para garantizar un futuro más limpio y seguro para todos.
