El levantamiento del secreto de sumario en el caso que involucra a Cristóbal Montoro ha sacado a la luz detalles sobre la relación entre su despacho, Equipo Económico, y la empresa de apuestas deportivas Codere. Este vínculo ha generado controversia, especialmente en torno a la figura del ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha sido señalado como un posible beneficiario de irregularidades en la concesión de licencias para operar juegos online en España.
Un informe de los Mossos d’Esquadra ha revelado que Equipo Económico recibió pagos significativos de Codere, algunos de los cuales se realizaron antes de que el Partido Popular (PP) asumiera el gobierno. Entre 2008 y 2012, se identificaron hasta cinco transferencias que suman un total de 679.000 euros. Estas transacciones coinciden con cambios legislativos que supuestamente favorecieron a Codere, una multinacional que había estado demandando una regulación del juego online en el país.
La situación se complica aún más al considerar que, durante su mandato, Catalá logró implementar medidas que beneficiaron a la industria del juego, lo que ha llevado a acusaciones de que su gestión estuvo marcada por presiones ejercidas por Codere. Según el informe, las inspecciones realizadas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria obligaron a las operadoras extranjeras a pagar impuestos retroactivamente, debilitando su capacidad para competir y favoreciendo a Codere.
Los cambios legislativos impulsados por Montoro en 2012 permitieron a los jugadores deducir pérdidas anteriores al declarar sus ganancias, lo que atrajo a más clientes hacia las plataformas legales y consolidó la posición de Codere en el mercado. Además, se han encontrado correos electrónicos que sugieren que las influencias de Equipo Económico no se limitaron al sector del juego, sino que se extendieron a otros ámbitos empresariales.
La relación entre Rafael Catalá y Codere es particularmente intrigante. Durante su tiempo como subsecretario del Ministerio de Hacienda, Catalá tuvo contacto con varios miembros de Equipo Económico, quienes más tarde se convertirían en figuras clave en el despacho. Años después, trabajó como consejero de Codere y, aunque dejó su cargo tras ser nombrado secretario de Estado, continuó vinculado a la empresa a través de su participación en la Fundación Codere. En 2019, tras su salida de la política, regresó a la compañía como asesor global.
Catalá ha defendido su postura en varias ocasiones, argumentando que la ley del juego debe ser revisada para evitar que beneficie a operadores en línea de manera desproporcionada. Sin embargo, las acusaciones de lobby y de favoritismo hacia Codere han puesto en entredicho su integridad y la de su gestión.
Los investigadores también han señalado que la ONIF desempeñó un papel crucial en la regulación del sector del juego, llevando a cabo inspecciones que obligaron a las empresas a regularizar su situación fiscal como condición para obtener licencias operativas. Esto, según los Mossos, reforzó la posición de Codere frente a sus competidores internacionales, consolidándola como una de las principales beneficiadas de las nuevas regulaciones.
El caso Montoro continúa desarrollándose, y a medida que se revelan más detalles, la atención se centra en las implicaciones legales y políticas que podrían surgir de estas conexiones. La relación entre los ex ministros y la industria del juego plantea preguntas sobre la ética en la política y la influencia del dinero en la toma de decisiones gubernamentales. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más revelaciones que podrían cambiar el panorama político en España.
