La reciente denuncia del PSOE en la Diputación de Granada ha puesto de manifiesto un tema candente en la política local: la distribución de recursos destinados a infraestructuras deportivas. En un contexto donde la equidad territorial es fundamental, el nuevo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PIDE) ha sido criticado por su enfoque que favorece a las grandes ciudades, dejando de lado a los municipios más pequeños y vulnerables.
### El Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas (PIDE)
El PIDE, que cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros, ha sido diseñado para beneficiar exclusivamente a Granada y Motril, las únicas localidades de la provincia que superan los 50,000 habitantes. Esta decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de los representantes socialistas, quienes argumentan que la Diputación debería priorizar a los municipios con menos recursos, que en su mayoría tienen menos de 5,000 habitantes.
Eloy Vera, diputado provincial del PSOE, ha calificado esta situación como un «escándalo» y ha criticado al presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, por actuar más como un líder del Partido Popular que como un responsable de garantizar el equilibrio territorial. Según Vera, la función esencial de la Diputación es asistir a los municipios más pequeños, y no destinar recursos a grandes ciudades que ya cuentan con una infraestructura deportiva considerable.
La crítica se centra en que el PIDE no solo ignora a los pueblos pequeños, sino que también se suma a una serie de decisiones que evidencian un abandono del deporte base. La gestión de Rodríguez ha sido cuestionada por priorizar inversiones en la capital, como la compra del Banco de España, en lugar de destinar esos fondos a mejorar las instalaciones deportivas en toda la provincia.
### Desigualdad en la Asignación de Recursos
Las cifras presentadas por el PSOE son contundentes. En el presupuesto de los PIDE 2025, de los tres millones de euros asignados, solo un millón ha sido destinado a municipios con menos de 10,000 habitantes, que representan el 88% de la provincia. Por otro lado, los pueblos de entre 10,000 y 30,000 habitantes, que constituyen apenas el 9%, han recibido un millón y medio. Esta tendencia se ve acentuada con el nuevo PIDE Extraordinario, que destina 2,7 millones exclusivamente a las dos grandes ciudades.
La situación es alarmante, especialmente considerando que más de 150 de los 174 municipios de la provincia tienen menos de 20,000 habitantes. Muchos de estos municipios están en riesgo de despoblación y dependen del apoyo técnico y financiero de la Diputación para mantener servicios básicos. La falta de atención a estas localidades no solo afecta el desarrollo deportivo, sino que también pone en peligro su sostenibilidad a largo plazo.
El Grupo Socialista ha exigido a la Diputación que rectifique su enfoque y cumpla con su responsabilidad institucional de gobernar para toda la provincia. La crítica se centra en que las diputaciones no deben ser utilizadas para sufragar los gastos de las grandes ciudades, sino que su función debe ser garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades para todos los municipios.
La denuncia del PSOE resuena con un sentimiento generalizado de frustración entre los habitantes de los pueblos pequeños, quienes sienten que sus necesidades son sistemáticamente ignoradas en favor de las grandes ciudades. Esta percepción de desigualdad en la distribución de recursos puede tener repercusiones significativas en la cohesión social y el desarrollo regional.
La situación actual plantea preguntas importantes sobre cómo se deben gestionar los recursos públicos y quiénes son los verdaderos beneficiarios de las políticas implementadas por las instituciones. La necesidad de un enfoque más equitativo y justo en la distribución de recursos es más urgente que nunca, especialmente en un contexto donde la cohesión territorial es esencial para el futuro de los municipios más pequeños.
La crítica del PSOE no solo se limita al ámbito deportivo, sino que también se extiende a otras áreas de la gestión pública. La falta de atención a las necesidades de los municipios pequeños puede llevar a un deterioro de la calidad de vida en estas localidades, lo que a su vez puede contribuir a un aumento de la despoblación y a la pérdida de identidad cultural.
Es fundamental que las instituciones tomen en cuenta las voces de todos los ciudadanos, independientemente del tamaño de su municipio. La política debe ser inclusiva y considerar las necesidades de todos los habitantes, no solo de aquellos que residen en las grandes ciudades. La equidad en la distribución de recursos es un principio fundamental que debe guiar la acción de las instituciones públicas para garantizar un desarrollo sostenible y equilibrado en toda la provincia de Granada.
