La situación de la dependencia en Andalucía, y en particular en Granada, ha alcanzado niveles alarmantes que han llevado al Defensor del Pueblo Andaluz a abrir una queja de oficio. Esta decisión se produce en un contexto donde las demoras en la tramitación de solicitudes de dependencia se han vuelto insostenibles, afectando a miles de ciudadanos que requieren atención y recursos. La gestión del Gobierno andaluz, bajo la dirección de Juan Manuel Moreno, ha sido objeto de críticas por parte de usuarios, familiares, sindicatos y partidos políticos, quienes denuncian un sistema colapsado que no responde a las necesidades de la población.
### La Realidad de la Dependencia en Andalucía
Andalucía se encuentra en una situación crítica en cuanto a la gestión de la dependencia, siendo considerada la comunidad autónoma con el peor desempeño en este ámbito a nivel nacional. Según el último informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la demora media para ser atendido en Andalucía asciende a 574 días, lo que equivale a más de 19 meses. Esta cifra es alarmante, especialmente si se considera que representa 232 días más que la media estatal, lo que pone de manifiesto la ineficacia del sistema andaluz.
En Granada, la situación es aún más preocupante. La provincia ha concentrado el mayor número de denuncias elevadas al Defensor del Pueblo, lo que ha llevado a la apertura de un expediente para investigar las dilaciones en las solicitudes de revisión de la situación de dependencia. Las quejas son numerosas y provienen de personas que llevan años esperando una respuesta a sus solicitudes. En algunos casos, se están tramitando revisiones de situaciones que datan de 2022, lo que resulta inaceptable para quienes dependen de estos servicios.
La gestión de la dependencia es un pilar fundamental del Estado de Bienestar, y su deterioro afecta a las personas más vulnerables de la sociedad. Las largas listas de espera y la falta de atención adecuada han llevado a muchos a buscar soluciones en el ámbito privado, lo que a menudo implica un sacrificio económico considerable. Esta situación no solo es insostenible, sino que también plantea serias cuestiones sobre la equidad y la justicia social en el acceso a servicios básicos.
### Causas del Colapso en la Gestión de Dependencia
El Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado varias causas que contribuyen a la crisis actual en la gestión de la dependencia. Una de las principales es el aumento en el número de solicitudes de revisión de grado, que provienen en su mayoría de personas mayores que experimentan un deterioro en su salud. Este fenómeno es natural y está ligado al envejecimiento de la población, lo que significa que la demanda de servicios de dependencia seguirá creciendo en los próximos años.
Además, el nuevo orden de prioridad establecido por la Ley de Simplificación de la Junta ha sido criticado por su impacto negativo en el sistema. Esta ley parece haber creado un entorno donde las solicitudes de revisión de grado se acumulan, en lugar de ser atendidas de manera oportuna. Las demoras en la tramitación de expedientes son una constante, y muchos ciudadanos se ven obligados a esperar meses o incluso años para recibir la atención que necesitan.
Otro factor que ha contribuido al colapso es la migración de datos a nuevas aplicaciones informáticas, que ha generado incidencias y ha dificultado el seguimiento de las solicitudes. La falta de recursos humanos y la sobrecarga de trabajo en las delegaciones territoriales también han sido mencionadas como causas de la ineficiencia en la gestión de la dependencia.
La situación es especialmente crítica para aquellos que no cuentan con un grado de dependencia reconocido, ya que se encuentran sin acceso a recursos o prestaciones que podrían mejorar su calidad de vida. Muchos de estos ciudadanos han visto cómo sus solicitudes iniciales han sido desestimadas, y ahora se enfrentan a un deterioro de su situación sin la posibilidad de recibir apoyo.
La combinación de estos factores ha llevado a un aumento en el número de quejas y denuncias, lo que ha obligado al Defensor del Pueblo a actuar. La apertura de una queja de oficio es un paso importante, pero es fundamental que se tomen medidas concretas para abordar las deficiencias en el sistema y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los recursos que necesitan.
La crisis en la gestión de la dependencia en Granada es un reflejo de un problema más amplio en Andalucía. La falta de atención adecuada a las necesidades de las personas mayores y dependientes no solo es una cuestión de eficiencia administrativa, sino que también plantea serias cuestiones éticas sobre cómo se valora la vida de los ciudadanos más vulnerables. Es imperativo que se realicen cambios significativos en el sistema para garantizar que todos tengan acceso a la atención y los recursos que necesitan para vivir con dignidad.
