La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 8 años y 9 meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a un individuo por los delitos de proposición de homicidio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tenencia de armas de guerra. Este caso se remonta a septiembre de 2018, cuando el acusado expresó sus intenciones homicidas a través de mensajes en un grupo de WhatsApp.
Los hechos se desarrollaron en un chat grupal llamado ‘Terrasa por España’, donde el acusado mostró su desacuerdo con la exhumación de los restos de Francisco Franco, una decisión del Gobierno que generó controversia. A medida que avanzaba el tiempo, su rechazo se centró en la figura de Pedro Sánchez, a quien consideraba responsable de la política que detestaba. En sus mensajes, el acusado llegó a afirmar que había que «cazar» a Sánchez como un ciervo y exhibir su cabeza como trofeo.
El 12 de septiembre de 2018, el acusado contactó a la coordinadora de un partido político en busca de apoyo para llevar a cabo su plan. En sus mensajes, se describía como un francotirador dispuesto a acabar con la vida del presidente antes de que este pudiera «hundir» a España. La coordinadora, alarmada por el contenido de los mensajes, alertó a los Mossos d’Esquadra, lo que llevó a la detención del individuo y al descubrimiento de un arsenal de armas en su hogar en Terrassa, Barcelona.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del acusado, que argumentaba que sus mensajes eran meras «fantasías narcisistas» y que no existía un plan serio para atentar contra la vida de Sánchez. Sin embargo, el tribunal concluyó que, a pesar de las circunstancias personales del acusado, no era incapaz de llevar a cabo el delito y que sus mensajes eran una proposición concreta para cometer un homicidio.
En cuanto a las armas encontradas, el Supremo confirmó que, aunque algunas estaban en mal estado, la mayoría eran funcionales. Entre las armas incautadas se encontraban una carabina, un revólver, un fusil de asalto y una escopeta, todas en condiciones de uso. La sentencia subraya la gravedad de los hechos y la intención del acusado de llevar a cabo su amenaza.
Este caso ha suscitado un amplio debate sobre la seguridad de los líderes políticos en España y la responsabilidad de las plataformas de comunicación en la difusión de mensajes de odio y violencia. La condena del Tribunal Supremo establece un precedente en la lucha contra las amenazas a figuras públicas y la tenencia ilegal de armas, reafirmando la postura del sistema judicial español frente a estos delitos.
