La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo registros en las viviendas de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, y Javier Herrero, ex director General de Carreteras. Estas acciones se enmarcan dentro de las investigaciones del denominado ‘caso Koldo’, que se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. La información ha sido confirmada por fuentes judiciales, que indican que el magistrado Ismael Moreno, encargado de la instrucción del caso en el Tribunal Supremo, solicitó a la Audiencia Nacional que evaluara la posibilidad de investigar a ambos por indicios consistentes de irregularidades en la asignación de contratos a empresas constructoras.
Las investigaciones han cobrado fuerza tras la aparición de un informe elaborado por la UCO, que incluye conversaciones grabadas por Koldo García, quien fue asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. En estas grabaciones, se discute la distribución de adjudicaciones de obra pública entre varias empresas, lo que ha llevado a la UCO a justificar los registros en los domicilios de Pardo de Vera y Herrero. En las conversaciones, García menciona contactos con Pardo de Vera para asignar obras a ciertas compañías, lo que le permitía a ella seleccionar las restantes según su criterio.
Además de los registros en las viviendas de los implicados, la UCO también ha realizado inspecciones en las sedes de Adif y la Dirección General de Carreteras. Este operativo se produce menos de una semana después de que los agentes visitaran ambos lugares para solicitar información sobre contratos específicos. En esta ocasión, la UCO ha regresado con una orden judicial que autoriza un registro integral de las instalaciones.
El caso Koldo ha suscitado gran interés mediático y ha puesto de relieve la necesidad de transparencia en la adjudicación de contratos públicos. Las irregularidades en este ámbito han sido objeto de debate en la sociedad española, donde se exige una mayor rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Las acciones de la UCO son parte de un esfuerzo más amplio para investigar y sancionar cualquier tipo de corrupción en la administración pública.
La situación de Pardo de Vera y Herrero es un recordatorio de que las investigaciones sobre corrupción pueden afectar a altos funcionarios y ex altos funcionarios, lo que podría tener repercusiones en la confianza pública en las instituciones. A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre las supuestas irregularidades y el papel que jugaron los implicados en la adjudicación de contratos.
El caso Koldo no solo involucra a Pardo de Vera y Herrero, sino que también podría extenderse a otros funcionarios y empresas que hayan estado involucrados en la adjudicación de obras públicas. La UCO ha indicado que continuará su trabajo para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados. La sociedad civil y los medios de comunicación estarán atentos a los desarrollos de este caso, que podría tener un impacto significativo en la política y la administración pública en España.
