BBVA se encuentra en una encrucijada estratégica tras la reciente decisión del Gobierno español de autorizar su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, pero con la condición de que no se realice ninguna integración operativa entre ambas entidades durante un mínimo de tres años. Esta medida, que podría extenderse hasta cinco años, ha alterado significativamente los planes de BBVA, que esperaba aprovechar las sinergias de la fusión para justificar ante sus accionistas el atractivo financiero de la operación.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comunicó que ambas entidades deben mantener su independencia operativa y jurídica durante el periodo de separación. Esto implica que deberán conservar sus patrimonios, redes comerciales, órganos de gobierno y sistemas tecnológicos separados, lo que obstaculiza la posibilidad de realizar ahorros de costes y optimizar sus operaciones, algo que BBVA había presentado como un argumento clave para convencer al mercado de la viabilidad de la OPA.
Carlos Torres, presidente de BBVA, ya había advertido que si las condiciones impuestas por el Gobierno eran demasiado restrictivas, el banco podría reconsiderar su oferta. Aunque reconoció que una OPA sin fusión era una posibilidad, no era su opción preferida. En un comunicado, BBVA ha indicado que está evaluando las nuevas condiciones antes de tomar una decisión definitiva sobre cómo proceder.
Por su parte, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha solicitado a BBVA que, en caso de continuar con la OPA, proporcione un análisis detallado sobre cómo estas nuevas condiciones afectarán las sinergias esperadas, la viabilidad del modelo de negocio conjunto y la rentabilidad futura para los accionistas.
La intervención del Gobierno ha sido justificada bajo cinco criterios de interés general que van más allá del análisis de competencia habitual, que corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre estos criterios se encuentran la cohesión territorial, especialmente en regiones como Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde Sabadell tiene un fuerte arraigo; la protección del consumidor financiero, asegurando el mantenimiento de la red de oficinas y el empleo; la garantía del acceso al crédito empresarial, especialmente a pequeñas y medianas empresas (pymes); el respeto a las funciones sociales de las fundaciones bancarias; y la promoción de la innovación tecnológica en el sistema financiero español.
Estas restricciones también implican que no se podrán realizar despidos ni cierres de sucursales durante el periodo de separación. Además, no está claro si se podrá integrar el software o las plataformas digitales de ambas entidades, algo que BBVA había considerado crucial para su eficiencia operativa futura.
La reacción de los mercados y analistas ha sido variada. Para la firma XTB, el veto a la fusión representa un gran golpe a las perspectivas económicas de la operación, ya que retrasa la obtención de rentabilidad. Consideran probable que BBVA opte por abandonar la OPA o impugnar las condiciones impuestas ante el Tribunal Supremo. Por otro lado, Kepler-Cheuvreux sostiene que, a pesar de la separación obligatoria, la operación puede seguir siendo rentable. Aseguran que incluso con una reducción del 50% al 70% en las sinergias, la operación podría ofrecer un retorno del 14%, y que la separación era un escenario previsible.
Filippo Alloatti, de Federated Hermes, también considera que las condiciones impuestas por el Gobierno no son inesperadas y, aunque añaden complejidad operativa, no invalidan la lógica estratégica detrás de la OPA.
A nivel europeo, la Comisión Europea ha expresado su preocupación por el veto del Gobierno español, advirtiendo que supervisará si la intervención vulnera las normativas comunitarias sobre la libertad de establecimiento, la libre circulación de capitales y el funcionamiento del mercado interior. Si se confirma que las condiciones impuestas son desproporcionadas o no están suficientemente justificadas, España podría enfrentarse a sanciones o correcciones por parte de Bruselas.
BBVA también tiene la opción de recurrir judicialmente la decisión del Gobierno. La entidad puede presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en un plazo de dos meses, fundamentando los motivos legales por los cuales considera que la intervención del Ejecutivo es improcedente o lesiona sus derechos económicos o los de sus accionistas.
En este contexto, la situación de BBVA y Banco Sabadell se presenta como un complejo entramado de intereses económicos, políticos y sociales que podría definir el futuro del sector bancario en España.
