El Ayuntamiento de Santander se prepara para someter a votación una nueva ordenanza fiscal que regula el servicio de gestión de residuos, conocida popularmente como el ‘tasazo’ de basuras. Esta medida, que ha generado un intenso debate en la comunidad, se discutirá en el Pleno municipal este jueves. La propuesta busca establecer una tasa específica para la recogida y tratamiento de residuos, con una entrada en vigor programada para el 1 de enero de 2026. Esta iniciativa es parte del cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a las entidades locales a implementar tarifas por la prestación de este servicio público.
Para el diseño de esta nueva estructura tarifaria, el Ayuntamiento ha encargado un estudio técnico a la Universidad de Cantabria. El objetivo es crear un sistema que refleje la realidad del municipio y cumpla con los requerimientos legales actuales. La propuesta contempla una diferenciación entre los usos residenciales y no residenciales, introduciendo tarifas progresivas que varían según el número de empadronados en cada vivienda. En el caso de los locales comerciales, las tarifas se ajustarán según la actividad económica y la superficie del inmueble.
Además, la ordenanza incluye bonificaciones para situaciones de vulnerabilidad social y ofrece incentivos a los usuarios que adopten prácticas ambientales responsables, alineándose con los principios de sostenibilidad promovidos por las instituciones europeas. Este enfoque busca no solo cumplir con la normativa, sino también fomentar una mayor conciencia ambiental entre los ciudadanos.
Durante la reciente Comisión de Economía, se presentaron un total de 39 enmiendas por parte de los grupos de oposición. Sin embargo, solo dos de estas enmiendas fueron aceptadas, mientras que otras nueve fueron desestimadas por estar ya incluidas en el texto original. Cuatro enmiendas más fueron descartadas por no estar directamente relacionadas con la ordenanza. Este proceso refleja la complejidad del debate político en torno a la nueva normativa y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las diferentes posturas.
### Actualización de Tarifas del Transporte Urbano
En paralelo a la discusión sobre la ordenanza fiscal, la Comisión de Economía también ha aprobado la actualización de las tarifas del servicio municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS). Esta nueva estructura tarifaria entrará en vigor el próximo 1 de julio y presenta varias novedades significativas. Una de las más destacadas es la creación de una tarjeta juvenil destinada a más de 9,000 santanderinos de entre 8 y 14 años, en cumplimiento del Real Decreto-ley 1/2025, que garantiza el acceso gratuito al transporte público para menores de esa franja de edad.
El nuevo cuadro tarifario establece un precio por viaje de 0,40 euros con la tarjeta estándar recargable. Para los jóvenes de 14 a 26 años, se fijará una tarifa trimestral de 25,50 euros, mientras que las personas con discapacidad podrán acceder a una tarifa de 10,20 euros. Además, el TUS seguirá ofreciendo gratuidad total para pensionistas mayores de 65 años con rentas bajas, menores de 8 años, personas con discapacidad igual o superior al 65%, familias numerosas y monoparentales, así como para personas desempleadas de larga duración.
Por último, la Comisión ha dado luz verde a un suplemento de crédito de 400,000 euros destinado a reforzar las prestaciones económicas para situaciones de emergencia social. Esta medida busca responder a los efectos económicos inmediatos que afectan a los colectivos más vulnerables de la ciudad, mostrando así un compromiso por parte del Ayuntamiento para abordar las necesidades sociales de sus ciudadanos.
La combinación de la nueva ordenanza fiscal y la actualización de las tarifas del TUS representa un cambio significativo en la política local de Santander. A medida que se acerca la fecha de votación, la ciudadanía se mantiene atenta a las decisiones que se tomen en el Pleno, conscientes de que estas medidas tendrán un impacto directo en su vida diaria y en la gestión de los recursos públicos. La discusión en torno a estas iniciativas refleja la importancia de la participación ciudadana y el debate democrático en la construcción de una ciudad más sostenible y equitativa.
