La reciente investigación judicial que involucra a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y al exministro José Luis Ábalos, ha tomado un giro significativo. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas y productos bancarios de Cerdán, así como de otros cinco empresarios implicados en la causa. Esta decisión se enmarca dentro de un proceso más amplio que busca esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante el mandato de Ábalos como ministro de Transportes.
La investigación se centra en la obtención de información sobre cuentas bancarias y bienes inmuebles, excluyendo aquellos vinculados al PSOE y a la Fundación Pablo Iglesias. Además, se ha solicitado información tributaria para evaluar la situación financiera de Cerdán. Este movimiento judicial se produce en un contexto donde la imputación formal de Cerdán ha sido ya realizada, lo que ha llevado a un retraso en su declaración judicial voluntaria.
La UCO ha solicitado el acceso a cerca de 500 cuentas bancarias, no solo de Cerdán, sino también de los cinco empresarios que han sido imputados. Estos empresarios son considerados como administradores de hecho de diversas entidades mercantiles que, según las investigaciones, podrían haber participado en la adjudicación indebida de obras públicas a cambio de pagos ilícitos. En este sentido, el juez ha programado la citación de estos empresarios entre el 4 y el 7 de julio, en calidad de investigados.
La investigación también ha llevado a la UCO a requerir el acceso y clonado de los contenidos de la cuenta de correo electrónico corporativa de Ábalos, que se utilizaba exclusivamente para fines personales. Este correo, según el informe de la UCO, habría sido utilizado para dirigir comunicaciones relevantes a Koldo García, otro de los investigados en este caso. La entrada de la UCO en las instalaciones del PSOE para llevar a cabo este registro ya ha tenido lugar, lo que ha generado un clima de tensión dentro del partido.
El juez Puente ha señalado que existen indicios consistentes que sugieren que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, pudieron haber colaborado con Ábalos en la adjudicación irregular de obras. Para profundizar en este aspecto, se ha solicitado a Adif y a la Dirección General de Carreteras que remitan toda la documentación relacionada con la licitación de varias obras, incluyendo proyectos en San Feliú de Llobregat, Murcia y Sevilla, entre otros.
La situación ha generado un gran revuelo mediático y político, especialmente por la implicación de figuras relevantes del PSOE. Cerdán ha sido visto retirando documentación de la sede del partido en Ferraz, lo que ha suscitado especulaciones sobre la gravedad de las acusaciones y la posible implicación de otros miembros del partido. La respuesta de Cerdán y Ábalos ante estas acusaciones ha sido de desmentido, con Ábalos afirmando que Cerdán lo utilizó en el contexto de esta trama.
La investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se produzcan más avances en el caso. La atención se centra no solo en las acciones de Cerdán y Ábalos, sino también en el impacto que este escándalo podría tener en el PSOE y en la política española en general. La transparencia y la rendición de cuentas son temas que están en el centro de este proceso, y la sociedad espera respuestas claras sobre las acusaciones que han surgido en torno a la gestión de recursos públicos y la ética en la política.
