La situación de los emigrantes retornados en España, especialmente en la provincia de Granada, ha sido objeto de críticas por parte de la organización Izquierda Unida (IU). En un contexto donde muchos de estos ciudadanos se enfrentan a una carga fiscal desproporcionada, la formación política ha exigido al Gobierno de España que revise la legislación vigente, la cual consideran anacrónica y perjudicial para un colectivo que ha contribuido significativamente a la economía del país.
**La Doble Tributación: Un Agravio Comparativo**
Durante las décadas de los 60 y 70, miles de españoles se vieron obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades laborales. Muchos de ellos, tras años de trabajo en el extranjero, han regresado a su tierra natal, solo para encontrarse con un sistema fiscal que les penaliza por sus pensiones extranjeras. Este fenómeno, conocido como doble tributación, se produce cuando los pensionistas deben tributar en España por ingresos que ya han sido gravados en el país donde trabajaron.
Mari Carmen Pérez, coordinadora provincial de IU, ha denunciado que esta situación es injusta y que afecta a personas que, en muchos casos, reciben pensiones modestas. «No entendemos cómo el Ministerio de Hacienda puede mantener este agravio, cuando estas personas ya tributaron en los países en los que trabajaron. Se trata de rentas que deberían quedar exentas o tributar al mínimo», afirmó Pérez.
La legislación actual, que data de 2006, fue aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y ha sido aplicada por diferentes gobiernos sin cambios significativos. Esto ha llevado a IU a cuestionar la ética detrás de un sistema que, según ellos, discrimina a un grupo vulnerable que ha contribuido al desarrollo económico del país.
**Demandas de Cambio y Justicia Fiscal**
Izquierda Unida ha hecho un llamado al Gobierno para que actúe con sensibilidad y revise la legislación que afecta a los emigrantes retornados. La formación política argumenta que la actual normativa no solo es injusta, sino que también representa una forma de recaudación que castiga a quienes, en su momento, levantaron la economía del país con su esfuerzo. «Son personas que no deberían estar obligadas a presentar la declaración de la renta por las cantidades que perciben, pero la ley les obliga, generando una clara discriminación», añadió Pérez.
La presión fiscal sobre estos pensionistas se justifica por el hecho de que tienen «dos pagadores», lo que, según la ley, les obliga a declarar a Hacienda, independientemente de la cantidad que perciban. Esta situación ha llevado a IU a insistir en la necesidad de una reforma legal que garantice una tributación justa para todos, sin distinciones.
La coordinadora provincial concluyó que «estas personas merecen justicia fiscal y reconocimiento por el papel que desempeñaron en el desarrollo de nuestro país». La lucha de IU por los derechos de los emigrantes retornados no es nueva; desde hace años, han estado reclamando una regularización justa para estas pensiones, argumentando que el sistema de tributación actual es insostenible desde el punto de vista ético y económico.
En un contexto donde la justicia social y la equidad fiscal son temas de creciente relevancia, la situación de los emigrantes retornados en Granada se convierte en un ejemplo claro de cómo la legislación puede afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población. La presión para que el Gobierno revise y modifique esta normativa se intensifica, y la voz de aquellos que han sufrido esta injusticia se hace cada vez más fuerte. La esperanza es que, con el tiempo, se logre una solución que no solo beneficie a los pensionistas, sino que también refleje un compromiso con la justicia y la equidad en el sistema fiscal español.
