La reciente decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Huéscar de investigar la compra de un terreno por parte del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique ha generado un gran revuelo en la comunidad. Esta operación, que implicó la adquisición de más de 200 hectáreas de terreno por un monto de 600.000 euros, ha sido objeto de críticas y denuncias por parte de varios actores locales, quienes cuestionan tanto el precio pagado como la legalidad del proceso. La denuncia fue presentada por la Asociación Ecologista-Cultural La Sagra y el concejal de Podemos, Hilario Sánchez, quienes argumentan que el terreno adquirido es en su mayoría un «erial» y que el precio pagado es el doble de su valor real.
La compra se realizó en un contexto en el que el Ayuntamiento destinó casi un tercio de su presupuesto municipal a esta operación, lo que ha llevado a los denunciantes a calificarla de «dilapidación de recursos públicos». Según sus cálculos, el terreno no solo es improductivo, sino que también presenta complicaciones legales debido a su ubicación, que se extiende en parte a otro municipio. Esta situación podría afectar los permisos necesarios para cualquier actividad futura en la zona.
### Detalles de la Compra y las Denuncias
La finca en cuestión, situada en los Collados de Abajo y Embudo de la Sagra, ha sido descrita como un terreno con una combinación de áreas de labor y monte, pero con una gran parte catalogada como improductiva. Los denunciantes han señalado que el trato entre el gobierno municipal, liderado por el Partido Popular, y el propietario del terreno, un notario conocido del exalcalde Mariano García, se fraguó antes de que este último dejara su cargo para convertirse en parlamentario autonómico. Esto ha suscitado dudas sobre la transparencia del proceso y la posible existencia de conflictos de interés.
Los denunciantes han cuestionado la justificación presentada por el Ayuntamiento para la compra, que incluía el desarrollo de proyectos relacionados con el turismo geológico, astronómico y de naturaleza. Sin embargo, argumentan que no existen las condiciones adecuadas para llevar a cabo tales iniciativas, y que el informe técnico que respaldaba la operación está lleno de inconsistencias. Por ejemplo, se ha señalado que el terreno carece de los atributos necesarios para ser considerado atractivo para el turismo, y que las rutas propuestas para el acceso a la finca podrían dañar el ecosistema local.
Además, los denunciantes han criticado la falta de un concurso público para la adquisición del terreno, lo que contraviene las normativas de transparencia y competencia en la gestión pública. La operación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, lo que ha levantado sospechas sobre la legalidad del proceso y la posible existencia de irregularidades.
### Implicaciones Legales y Políticas
La condición de aforado de Mariano García, como diputado autonómico, añade una capa de complejidad a la investigación. Si el juez instructor encuentra indicios suficientes de delito, deberá elevar el caso a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que continúe la causa y se le llame a declarar. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre en la política local, ya que la reputación del exalcalde y del Partido Popular se encuentra en juego.
Por su parte, Mariano García ha defendido la legalidad de la operación, alegando que está plenamente justificada y que las acusaciones en su contra son parte de una «persecución personal». Sin embargo, la presión sobre el gobierno local aumenta a medida que se revelan más detalles sobre la transacción y las posibles irregularidades en el proceso de compra.
La comunidad de Puebla de Don Fadrique se encuentra dividida ante este escándalo. Mientras algunos ciudadanos apoyan a los denunciantes y exigen una mayor transparencia en la gestión pública, otros defienden la decisión del Ayuntamiento, argumentando que la compra podría traer beneficios a largo plazo si se desarrollan adecuadamente los proyectos propuestos.
La investigación judicial en curso podría tener repercusiones significativas no solo para los involucrados en la compra, sino también para la política local en general. La necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión de recursos públicos se ha vuelto un tema central en el debate político de la región, y este caso podría sentar un precedente importante para futuras operaciones similares.
