La reciente implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Torrelavega ha desatado un torrente de críticas y protestas entre los ciudadanos, comerciantes y asociaciones locales. La medida, promovida por el alcalde Javier López Estrada, ha sido calificada por muchos como una imposición que carece de diálogo y que está perjudicando gravemente el comercio y la vida cotidiana en el centro de la ciudad. En este contexto, es fundamental analizar los efectos de esta normativa y las reacciones que ha suscitado en la comunidad.
La ZBE, que busca mejorar la calidad del aire en la ciudad, ha sido recibida con descontento por parte de los habitantes, quienes sienten que se les ha dejado sin alternativas viables para moverse por la ciudad. Durante una jornada de protestas, decenas de ciudadanos se manifestaron en la Plaza Mayor y en la calle Consolación, expresando su rechazo a la nueva ordenanza. Los carteles y gritos de los manifestantes reflejaban un sentimiento común: «Esto es un atraco bajo pretexto ecológico».
### Impacto en el Comercio Local
Los pequeños negocios, especialmente aquellos ubicados en el centro y en el entorno del Bulevar, han comenzado a sentir el impacto negativo de la ZBE en sus ventas. Laura, responsable de una tienda de ropa en la calle Julián Ceballos, comentó que la imposibilidad de que los clientes accedan con sus vehículos ha llevado a una caída significativa en el número de compradores. «No se han dado alternativas, solo multas», lamentó.
Pedro, dueño de una cafetería cercana al mercado, también expresó su frustración, señalando que su negocio está sufriendo las consecuencias de un proyecto que considera mal diseñado. «Nos quieren echar del centro. Ya han cerrado demasiados comercios. Esta medida es la estocada final», afirmó. La falta de un plan de movilidad adecuado y la eliminación progresiva de plazas de aparcamiento han convertido la vida cotidiana en un verdadero desafío para los residentes y comerciantes.
La situación se complica aún más para aquellos que dependen del transporte público, que no ha sido modernizado ni adaptado a las nuevas necesidades de la población. Un vecino planteó una pregunta crucial durante las manifestaciones: «¿Cómo viene una abuela al médico si no puede aparcar?». La respuesta de los presentes fue clara: «No quieren soluciones, solo recaudación. Todo esto es un modelo para multarnos más».
### Críticas a la Administración Municipal
El descontento de la ciudadanía se ha dirigido directamente hacia el alcalde y su partido, el PRC-PSOE. Muchos consideran que la gestión de Estrada es una vergüenza y que está perjudicando el centro de la ciudad. Un grupo de mayores, que se encontraba bajo los soportales del Ayuntamiento, expresó su indignación al afirmar que lo que se está haciendo es un robo encubierto.
Desde la plataforma ‘Salvar Torrelavega de una ZBE Ruinosa’, su portavoz Ángel Herreros ha denunciado que la ordenanza se ha impuesto sin un informe técnico riguroso, sin participación vecinal y sin el respaldo de la ciudadanía. «Esto no es sostenibilidad, es represión encubierta», afirmaron en un comunicado reciente.
A diferencia de otras ciudades donde las ZBE han sido anuladas por los tribunales, como Segovia, Ávila o León, Torrelavega avanza con su normativa sin escuchar las preocupaciones de sus ciudadanos. Esta falta de diálogo ha llevado a muchos a cuestionar si realmente se está buscando un modelo de futuro o si, por el contrario, se trata de un plan fallido que solo genera más problemas.
La ciudadanía ha pedido una moratoria inmediata y una revisión completa del plan, argumentando que gobernar implica escuchar a los ciudadanos. Las protestas en Torrelavega son un claro reflejo de la frustración acumulada por una medida que, en lugar de mejorar la calidad de vida, ha generado un clima de tensión y descontento en la comunidad.
La situación en Torrelavega es un ejemplo de cómo las políticas medioambientales, si no se implementan de manera adecuada y con la participación de la comunidad, pueden tener consecuencias adversas. La ZBE, que debería ser una herramienta para mejorar la calidad del aire, se ha convertido en un punto de conflicto que pone en riesgo la economía local y la cohesión social. La necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre la administración y los ciudadanos es más urgente que nunca.
