La sanidad pública en Andalucía se encuentra en una encrucijada crítica, marcada por un deterioro alarmante que ha suscitado la preocupación de la ciudadanía y la oposición política. La gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido objeto de críticas por su enfoque en la privatización de los servicios de salud, lo que ha llevado a un escándalo de corrupción que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Este artículo examina los elementos clave de esta crisis y su impacto en la población andaluza.
### La Estrategia del Gobierno y sus Consecuencias
Desde que el Partido Popular asumió el poder en Andalucía, se ha observado un patrón de políticas que parecen diseñadas para debilitar la sanidad pública. La crisis actual no es un fenómeno aislado, sino el resultado de decisiones deliberadas que buscan justificar la privatización de los servicios de salud. La reciente investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación irregular de contratos sanitarios a clínicas privadas, que ascienden a cerca de 300 millones de euros entre 2021 y 2023, es un claro ejemplo de esta tendencia.
Los contratos fueron otorgados bajo procedimientos de emergencia, justificados por la pandemia, a pesar de que el marco legal que permitía tales adjudicaciones había sido derogado. Esta situación ha llevado a la denuncia por parte del PSOE, que sostiene que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) continuó utilizando estos procedimientos de manera irregular, extendiendo contratos y eludiendo los procesos ordinarios de contratación pública. Este fraccionamiento de contratos podría constituir un delito de prevaricación administrativa, lo que añade una capa de gravedad a la situación.
La respuesta del Gobierno andaluz ha sido la opacidad. La Cámara de Cuentas de Andalucía, controlada por el PP y Vox, ha paralizado la fiscalización de los contratos menores de la Junta correspondientes a 2022 y 2023, a pesar de que el informe ya estaba avanzado y aprobado técnicamente. Esta decisión ha generado indignación en la oposición y en la ciudadanía, que ven en ello un intento de ocultar irregularidades y proteger a los responsables de la corrupción.
### Impacto en la Ciudadanía y la Atención Sanitaria
El impacto de estas políticas en la atención sanitaria es devastador. Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con mayores tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas y consultas de especialidades. La atención primaria, que debería ser la primera línea de defensa en el sistema de salud, se ha visto gravemente afectada, con citas que pueden demorar hasta quince días. La falta de recursos y la ineficiencia en la gestión han llevado a un colapso en el sistema, donde los ciudadanos se ven obligados a esperar indefinidamente para recibir atención médica.
Además, el cierre de centros de salud, como el de Cazorla y el de Postigo Velutti, ha exacerbado la crisis, dejando a muchas comunidades sin acceso adecuado a servicios de salud. Los incumplimientos en la apertura de nuevos centros hospitalarios comarcales y el desastroso plan de verano han llevado a sindicatos y profesionales de la salud a advertir que es mejor no enfermarse en los próximos meses. Esta situación no solo pone en riesgo la salud de los andaluces, sino que también socava los principios de transparencia y legalidad que deben regir la gestión pública.
La estrategia del PP en Andalucía parece clara: deteriorar la sanidad pública para justificar su privatización, beneficiando a empresas privadas afines. Desde que el PP gobierna, los seguros médicos privados han aumentado en un 25% en la comunidad, lo que indica un cambio en la dinámica del acceso a la salud. Esta tendencia no solo es preocupante, sino que plantea serias preguntas sobre el futuro de la sanidad pública en Andalucía.
La ciudadanía andaluza merece una sanidad pública de calidad, gestionada con transparencia y al servicio del interés general, no de intereses particulares. La gravedad de este caso exige una respuesta contundente por parte de las instituciones y de la sociedad civil. Es hora de exigir cuentas y de defender lo público con firmeza. La salud no es un negocio, es un derecho, y debe ser protegida de quienes buscan lucrarse a costa del sufrimiento de la población.
La corrupción y la opacidad no pueden convertirse en la norma en la gestión de servicios esenciales como la sanidad. Es responsabilidad de todos los ciudadanos exigir una gestión honesta, transparente y orientada al bienestar común. La sanidad pública andaluza merece ser defendida con todas nuestras fuerzas, y es hora de decir basta a las políticas que destruyen lo público para enriquecer a unos pocos.
