La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018 fue recibida con grandes expectativas. Su mandato se presentó como un acto de «higiene democrática», un compromiso por limpiar las cloacas del poder y erradicar la corrupción que había manchado la política española durante años. Sin embargo, a siete años de su ascenso, la situación parece haber cambiado drásticamente. El ambiente que rodea al Gobierno socialista se ha enrarecido, y las promesas de transparencia y regeneración se ven cada vez más lejanas.
La sentencia del caso Gürtel, que reveló una red de corrupción dentro del Partido Popular (PP), fue el catalizador que permitió a Sánchez derribar al gobierno de Mariano Rajoy mediante una moción de censura. Este acto fue visto como un hito institucional, un símbolo de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la lucha por la ética en la política no es un camino sencillo. La reciente aparición de escándalos que involucran a miembros del propio Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha puesto en entredicho la capacidad del Gobierno para cumplir con sus promesas.
Uno de los casos más recientes que ha sacudido al Ejecutivo es el de la trama Koldo, que involucra comisiones millonarias y contratos adjudicados durante la pandemia. Este escándalo ha salpicado a figuras cercanas a Sánchez y ha generado un clima de desconfianza. A esto se suma la figura de Leire Díez, quien ha sido vinculada a la trama y aparece en grabaciones insinuando su capacidad para influir en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado. La falta de respuesta contundente por parte del Gobierno ante estas acusaciones ha sido notable, lo que ha alimentado la percepción de que la corrupción sigue siendo un problema arraigado en la política española.
La estrategia del Gobierno ha sido, en gran medida, defensiva. En lugar de abordar las acusaciones de manera directa, se ha optado por revivir el discurso del pasado, evocando nombres como «Bárcenas» y «El Bigotes» para desviar la atención de la crisis actual. Esta táctica recuerda a la defensa de Rajoy en sus últimos días, cuando alegaba que las acusaciones en su contra eran parte de una persecución política. Sin embargo, la realidad es que los hechos judiciales y las imputaciones contradicen esta narrativa.
La política española, que una vez prometió ser un espacio de transparencia y ética, se ha convertido en un sótano donde el poder parece perder su aire fresco. Las promesas de regeneración se han visto empañadas por un entorno de privilegios y opacidad. La existencia de una asesoría paralela dentro del Ejecutivo y los intentos de aforar a dirigentes implicados en casos de corrupción han alimentado la sensación de impunidad. La imagen de un Gobierno comprometido con la transparencia se ha desvanecido, dejando en su lugar un panorama de intereses cruzados y autodefensas institucionales.
Sánchez, en su Manual de resistencia, describió su moción de censura como un acto de principios frente a un sistema que necesitaba regeneración. Sin embargo, el PSOE actual parece estar atrapado en el mismo ciclo de privilegios y corrupción que un día denunció. La falta de acción decisiva ante los escándalos actuales ha llevado a muchos a cuestionar la integridad del Gobierno y su compromiso con la ética.
La historia de la política española está llena de ejemplos de líderes que, tras prometer un cambio, se ven atrapados en las mismas dinámicas que criticaron. Mariano Rajoy firmó su acta de defunción política en 2018, y aunque aún no se ha escrito la de Sánchez, los indicios son preocupantes. La Moncloa, que alguna vez se presentó como un bastión de limpieza y regeneración, ahora huele a un sótano húmedo, donde los pactos y los favores se cuecen en la oscuridad.
La situación actual plantea un dilema para el PSOE: ¿cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en un contexto donde la corrupción parece estar nuevamente en el centro de la política? La respuesta no es sencilla, pero es evidente que la falta de acción y la defensa de lo indefendible solo conducirán a un mayor desgaste de la imagen del Gobierno. La promesa de ventilación democrática que una vez encumbró a Pedro Sánchez se encuentra ahora en un estado crítico, y el futuro del Gobierno dependerá de su capacidad para abordar estos problemas de manera efectiva y transparente.
