En un contexto donde la atención a las personas con discapacidad se vuelve cada vez más crucial, el grupo socialista en la Diputación de Granada ha alzado la voz para reclamar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, una financiación justa. Esta demanda surge ante la necesidad de mejorar los recursos destinados a más de 50 centros que operan en la provincia, los cuales enfrentan serias dificultades debido a la insuficiencia de fondos.
La diputada provincial Paqui Santaella ha sido la portavoz de esta iniciativa, subrayando que la situación actual es insostenible. «No se puede demorar más este asunto», ha afirmado Santaella, quien ha anunciado que el PSOE presentará una moción en el próximo pleno de la Diputación. Esta moción solicitará un aumento del 10% en el coste por plaza para las entidades y centros que brindan atención a personas con discapacidad.
### La realidad de la financiación en el sector de la discapacidad
La problemática de la financiación en el sector de la discapacidad no es nueva, pero ha cobrado mayor relevancia en los últimos tiempos. Santaella ha destacado que más del 10% del salario de los trabajadores en estos centros es cubierto por las propias asociaciones, lo que pone en riesgo la viabilidad de estas entidades. «Si la Junta no se hace cargo de este sobrecoste, como es su obligación, va a llevar a la ruina a estas entidades», advirtió.
La diputada también hizo hincapié en que el apoyo del Partido Popular en la Diputación es fundamental para que esta iniciativa prospere. «El PP tiene una magnífica oportunidad para no darle la espalda a usuarios y trabajadores del sector», enfatizó. La falta de recursos no solo afecta a los trabajadores, sino que también repercute en la calidad de los servicios que se ofrecen a las personas con discapacidad, quienes dependen de una atención adecuada y digna.
Además, la moción socialista no solo se limita a solicitar un aumento en la financiación, sino que también propone que la Junta establezca un plan de actuación urgente para abordar los déficits de financiación en este sector. Esto incluye la realización de un estudio sobre el coste de sostenimiento de los centros y servicios, con el objetivo de asegurar su viabilidad a largo plazo y evitar depender de subidas puntuales.
### Un modelo inclusivo y digno
La diputada Santaella ha abogado por un modelo inclusivo y digno que favorezca la inclusión de todas las personas, independientemente de sus capacidades. En este sentido, ha denunciado que la diferencia entre el coste real de la plaza y lo que abona el gobierno de Moreno Bonilla es cada vez más amplia. Esta situación no solo afecta a las entidades, sino que también pone en riesgo el bienestar de las personas que necesitan estos servicios.
La falta de una financiación adecuada puede llevar a que muchas de estas entidades se vean obligadas a cerrar sus puertas, lo que significaría un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad. Santaella ha instado a la Junta a revisar sus políticas en este ámbito y a garantizar que se destinen los recursos suficientes para que las entidades puedan seguir desarrollando su labor con las garantías que requieren.
La atención a las personas con discapacidad es un tema que trasciende la política y que debería ser una prioridad para todos. La lucha por una financiación justa es, en última instancia, una lucha por la dignidad y los derechos de un colectivo que merece ser atendido con respeto y profesionalidad. La respuesta de la Junta de Andalucía será crucial para determinar el futuro de estos servicios en la provincia de Granada y, por ende, el bienestar de muchas personas que dependen de ellos.
