El Ministerio de Exteriores de España ha anunciado su intención de presentar una propuesta en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea para otorgar la oficialidad plena al euskera, catalán y gallego a partir de 2027. Esta iniciativa tiene como objetivo convencer a los socios europeos de la importancia de incorporar estas lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias. La propuesta incluye la traducción de la legislación comunitaria y los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo a estas tres lenguas, aunque se aclara que no afectará a los reglamentos, dado que estos son de aplicación directa en toda la UE y no requieren trasposición nacional.
Según datos de la UE, durante la última legislatura se tramitaron más de 12.000 actos jurídicos, de los cuales solo el 2,6% correspondieron a reglamentos. Esto significa que la gran mayoría de los actos jurídicos podrían ser traducidos a las lenguas cooficiales, lo que representaría un avance significativo para su reconocimiento en el ámbito europeo.
Para abordar las preocupaciones de algunos países sobre el impacto financiero de esta reforma, el Gobierno español ha asumido un compromiso clave: será España quien cubra todos los gastos derivados de la oficialidad de estas lenguas en las instituciones europeas. Este compromiso se incluye como un «considerando» dentro de la propuesta, en contraste con el marco vigente que establece que la oficialidad lingüística es responsabilidad de las arcas comunitarias. Sin embargo, el Ejecutivo no ha proporcionado una cifra exacta sobre el coste total de esta iniciativa, lo que ha generado cierta incertidumbre.
Además, el Gobierno ha reconocido que aún no existe un plan detallado sobre cómo implementar este cambio en la práctica, considerando que actualmente hay 24 lenguas oficiales en la UE. Desde el Ministerio de Exteriores se ha indicado que en los próximos meses se coordinarán con todas las instituciones europeas para presentar al Consejo una propuesta específica sobre los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para llevar a cabo esta reforma.
La propuesta ha suscitado críticas desde la oposición, que considera que este asunto es un pago del presidente Pedro Sánchez a sus socios parlamentarios, especialmente a los nacionalistas como Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG. Esta percepción ha alimentado el debate sobre la viabilidad y la necesidad de la oficialidad de estas lenguas en el contexto europeo, así como sobre el compromiso del Gobierno con la diversidad lingüística del país.
El reconocimiento de las lenguas cooficiales en la UE podría tener un impacto significativo en la identidad cultural de las comunidades que las hablan, así como en su representación en el ámbito europeo. Sin embargo, la implementación de esta propuesta requerirá un esfuerzo coordinado y recursos adecuados para garantizar su éxito.
En resumen, la iniciativa del Gobierno español para oficializar el euskera, catalán y gallego en la Unión Europea representa un paso importante hacia el reconocimiento de la diversidad lingüística en el continente. A medida que se avanza en la propuesta, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones y qué impacto tendrá en las relaciones entre España y sus socios europeos.
