La Comunidad Autónoma de Cantabria ha dado un paso significativo hacia la modernización de su sistema judicial. Esta transformación se enmarca dentro de la Ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, que busca optimizar el funcionamiento de los tribunales y mejorar la atención a los ciudadanos. La Consejería de Justicia ha publicado recientemente varias resoluciones que establecen cambios fundamentales en la estructura judicial de la región, afectando a los ocho partidos judiciales cántabros.
**Nuevos Tribunales de Instancia**
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la creación de tribunales de instancia que reemplazarán a los tradicionales juzgados unipersonales. Este cambio responde a la necesidad de adaptar el modelo judicial a las nuevas directrices estatales, que buscan una mayor eficiencia y especialización en la administración de justicia. En cada partido judicial se establecerá un único tribunal de instancia, que tendrá su sede en la capital correspondiente. Estos tribunales estarán organizados en una Sección Única de Civil e Instrucción, aunque en algunas demarcaciones, como Santander, se crearán secciones adicionales para abordar materias específicas como Familia, Infancia y Capacidad, Mercantil, Penal, Menores, Violencia sobre la Mujer, Contencioso-Administrativo, Vigilancia Penitenciaria y Social.
La implementación de estos tribunales de instancia implica una reestructuración profunda del modelo judicial actual, que se basaba en juzgados independientes. Ahora, los nuevos tribunales estarán respaldados por oficinas judiciales organizadas por servicios comunes, lo que permitirá una gestión más eficiente de los procedimientos judiciales y garantizará una tramitación homogénea en todo el territorio cántabro. En todos los partidos judiciales se implantará un Servicio Común de Tramitación, que facilitará la gestión de los casos y mejorará la experiencia del usuario en el sistema judicial.
**Impacto en el Personal Judicial y Nuevas Relaciones Laborales**
La reforma no solo afecta a la estructura de los tribunales, sino que también tiene implicaciones significativas para el personal que trabaja en el sistema judicial. La Consejería de Justicia ha aprobado resoluciones que definen las nuevas relaciones de puestos de trabajo para las oficinas judiciales de los partidos judiciales de Castro, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Santoña, San Vicente y Torrelavega. Además, se han establecido las plantillas correspondientes a los registros civiles de estas demarcaciones, que funcionarán como unidades independientes respecto a los tribunales de instancia.
Otro aspecto relevante es la dotación de personal para las oficinas de justicia municipales, anteriormente conocidas como juzgados de paz. La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha subrayado que esta transformación estructural es crucial para cumplir con los plazos exigidos por la normativa estatal, a pesar de las dificultades que conlleva. La reforma se ha desarrollado sin la participación activa de las comunidades autónomas con competencias en justicia, lo que ha obligado al Gobierno regional a asumir importantes esfuerzos organizativos y presupuestarios.
El compromiso del Gobierno de Cantabria con el calendario nacional es firme, con la implementación del nuevo modelo en siete de los ocho partidos judiciales antes del 1 de julio de 2025. Para el partido judicial de Santander, el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre del mismo año. Urrutia ha vinculado esta reforma con los objetivos del Pacto para la Justicia de Cantabria, que busca establecer un nuevo esquema organizativo en colaboración con los actores judiciales y sociales implicados.
Una vez aprobadas las resoluciones, comenzará la fase de negociación del procedimiento de acoplamiento del personal a los nuevos puestos. Este proceso estará guiado por el principio de continuidad en la prestación del servicio público de justicia, con el objetivo de evitar alteraciones en el funcionamiento del sistema. Los próximos pasos incluirán la cobertura de los puestos singularizados y la plena incorporación del personal a las nuevas unidades judiciales, todo ello respetando el marco normativo vigente.
La estructura propuesta se alinea con los modelos de referencia consensuados por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en 2022, lo que permite que el proceso de transformación de Cantabria esté en sintonía con los estándares organizativos del conjunto del Estado. Esta reforma representa un cambio integral en la arquitectura judicial de Cantabria, impulsado por una legislación nacional que busca la eficiencia en el sistema judicial, pero que también ha requerido una considerable capacidad de adaptación por parte del Gobierno autonómico.
